El Concello de Ourense pagó 61.000 euros por unos altavoces que no podía instalar
OURENSE CIUDAD
Al interventor municipal no le consta expediente para una compra «irregular» en el año 2006
04 feb 2016 . Actualizado a las 05:00 h.No solo no había expediente para justificar la compra de unos altavoces, con un gasto de 61.600 euros para las arcas municipales de Ourense en el año 2006, sino que los altavoces ni siquiera iban a poder cumplir el fin para el que fueron adquiridos. Tanto las declaraciones de la ex concejala del BNG Ana Garza, que meses después del pago y al hacerse cargo de la concejalía de comercio tuvo que reclamar la entrega de los altavoces, como las del interventor del Concello de Ourense, Gonzalo Alonso, refrendaron ayer en el juzgado las presuntas irregularidades cometidas en la gestión de este asunto en la última etapa de los gobierno del PP con Manuel Cabezas como alcalde hasta el 2007.
Denunciadas las supuestas anomalías por la exconcejala socialista Áurea Soto, que señaló a todos los miembros de la junta de gobierno popular que fuera del orden del día y por trámite de urgencia aprobaron el pago el 26 de octubre del 2006, el juez únicamente ha llamado en calidad de imputado al popular Aurelio Gómez Villar.
El interventor municipal, que ya en su informe de fiscalización de la gestión del año 2006 había mostrado la irregularidad del gasto, reafirmó ayer esa impresión en su declaración como testigo. Por la cuantía de la factura debería haber ido a licitación pública «y no se hizo», según afirmó en el juzgado. No le consta que se hiciera un expediente. También «hubo directamente reconocimiento de la obligación de pago sin ningún trámite previo». Si la factura se la hubieran presentado a fiscalización antes de pagar, como era exigible, no hubiera emitido informe favorable. Al habérsela presentado a posteriori, es decir, cuando ya estaba pagada, no es posible una actuación correctora.
Haber tramitado este asunto como contrato menor, como se hizo, no exige formalidad alguna. Es, a juicio del interventor, una ilegalidad administrativa.
La ex concejala Ana Garza, por su parte, aclaró que de este asunto tuvo noticia cuando se gestionaba una subvención de la Xunta, al poco tiempo de incorporarse en el verano del 2007. Ella fue a Jolper, especificó, a hablar con Gonzalo Jácome. Este, según Garza, le dijo que no tendría los altavoces hasta después del verano. Aunque ya estaban pagados, el Concello no los recibió hasta septiembre. La ex concejala del BNG comprobó que habían llegado desplazándose personalmente a instalaciones de Jolper, para tratar con Gonzalo Jácome.
Al margen del hecho ya conocido de que los altavoces se habían pagado sin que el Concello de Ourense los hubiera recibido, la ex concejala Ana Garza aclaró que al hablar del asunto con los técnicos municipales, particularmente los responsable del PERI del casco viejo, se encontró con un problema añadido. No se podían instalar, según recoge el acta de la declaración prestada ayer en Instrucción 2.
«Le dicen que no es viable la instalación porque se tienen que instalar en fachadas privadas y el PERI lo prohíbe expresamente», de acuerdo con su testimonio, en el que hace notar que ella solo vio el expediente para tramitar la subvención de la Xunta, pero nunca preguntó por el expediente de contratación.
La adquisición de estos altavoces tenía como objetivo una instalación para un plan de sonorización del centro comercial abierto de Ourense, que no se llegó a ejecutar pese a la compra.
La denuncia de Áurea Soto iba dirigida contra todo el gobierno local del año 2006 y también contra el actual concejal y líder de Democracia Ourensana, a quien adjudica un papel activo por su presencia en la empresa familiar Jolper. Gonzalo Jácome se ha desvinculado de cualquier intervención en este asunto y hasta ahora, en el juzgado de instrucción 2 declaró como testigo y solo han requerido la presencia de Aurelio Gómez Villar como investigado.
La denunciante no ha dejado de insistir ante la Audiencia para que se variara el criterio y se exigieran responsabilidades, resaltando, entre otras cosas, cómo la factura tiene fecha del 30 de octubre del 2006, cuatro días después de que se aprobara el pago por la junta de gobierno.