El Tribunal Superior de Galicia falla a favor de la administración la primera sentencia sobre reclamación de responsabilidad patrimonial por la nulidad del plan del 2003
23 ene 2016 . Actualizado a las 05:00 h.De entrada, por culpa del denostado y anulado Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) de Ourense, la administración no parece que vaya a quebrar. Las reclamaciones de responsabilidad patrimonial planteadas por distintas empresas y particulares suman 86 millones de euros. Son cuarenta. El Tribunal Superior de Galicia ha dictado esta semana, con fecha del pasado martes, la primera de las sentencias pendientes. La sala ha fallado a favor del Concello de Ourense, es decir, desestima el contencioso que corresponde a la reclamación de Inversiones Mirage S. L., que pedía 17,9 millones de euros, más intereses y gastos financieros, al no haber podido desarrollar un proyecto de 450 viviendas en el sector de Barrocás. Los «derechos que otorga el planeamiento solo se adquieren en la medida en que se vayan cumpliendo los respectivos deberes». Y aquí no fue así, según el tribunal.
La mera clasificación del suelo como urbanizable, tal y como establecía el anulado PXOM para los terrenos que esta empresa había adquirido «no supone que la demandante haya patrimonializado automáticamente el aprovechamiento urbanístico». El anulado PXOM, indica la sentencia, establecía la obligación de cumplir las actuaciones según plazos concretos. Así, tras la aprobación del documento, daba dos años para que se presentara y tuviera luz verde el plan parcial, de tal manera que en cuatro años se aprobara definitivamente el proyecto de urbanización o los instrumentos de equidistribución del espacio afectado. Pues bien, el plan parcial no se aprobó aquí hasta marzo del 2007 y el proyecto de compensación no se presentó hasta el 2011, «lo que supone el decaimiento de la validez y operatividad del mismo». El proyecto de urbanización, igualmente, no llegó a ser aprobado por defectos de forma.
«El retraso, pues, del que habla la recurrente tratando de culpabilizar a la administración no le es imputable, sino que se debe a la propia actuación de la promotora», dice esta sentencia, de la que es ponente el magistrado Juan Bautista Quintas.
La sala indica que la empresa, conocedora de la situación litigiosa del PXOM, con una primera sentencia del TSXG que lo anulaba en abril del 2008 (firme en el 2011), «debió ser prudente en asumir riesgos, pues la lógica así lo indica». Por otra parte, llama la atención sobre el hecho de que parte de las compras de suelo -23 en documento privado y tres en documento público- se hicieron con el plan impugnado.
Respecto del lucro cesante, es decir, los beneficios que dejó de percibir la empresa al ver truncadas sus expectativas de construir 450 viviendas, tampoco la sala acepta esta parte de la demanda. Al no haber ventas, «difícilmente se han podido producir, si no se ha patrimonializado ningún aprovechamiento urbanístico, al margen del escenario temporal -los años de la crisis que nos afecta- en que las mismas se hayan podido llevar a cabo, pues modo alguno se acredita su éxito». Inversiones Mirage, que en este apartado del perjuicio económico sufrido por la nulidad del PXOM había aportado en conclusiones datos comparativos con inmuebles en la calle General Sanjurjo de A Coruña o Galeras, en Santiago de Compostela, ve cercenadas la reclamación para recuperar el dinero perdido, pues las fincas que compró con unas expectativas de negocio alta son ahora terrenos rústicos con un valor muy inferior.