El fiscal propone diez años de inhabilitación al ex alcalde y cinco ex concejales de Ourense
OURENSE CIUDAD
Los contratos de asistencias técnicas llevarán al banquillo a ex cargos del PSOE y el BNG en la capital
17 dic 2015 . Actualizado a las 05:00 h.Sin conocer aún la sentencia por el caso de la licencia de la urbanización de la plaza de San Antonio, a la ex concejala de Urbanismo de Ourense, la socialista Áurea Soto, ya la acusa el fiscal de otro delito de prevaricación. En este caso, por las llamadas asistencias técnicas, contratos de personas ajenas a la administración local a quien se encargaban trabajos relacionados con las áreas municipales de urbanismo y rehabilitación. En este caso, la ex concejala del PSOE compartirá banquillo con su compañero de partido el ex alcalde Francisco Rodríguez, un funcionario municipal y cuatro ex concejales del BNG que tuvieron distintas responsabilidades durante el bipartito PSOE-BNG en el área de rehabilitación y vivienda. La petición de condena que plantea el fiscal es de diez años de inhabilitación para cada uno de ellos.
El escrito de acusación mantiene la línea que en este caso ha marcado la fiscalía, que encontró eco en el instructor, el magistrado Leonardo Álvarez, titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Ourense. De hecho, en un primer auto de enero del 2015, el magistrada limitaba las eventuales responsabilidades penales a Áurea Soto y a Francisco Rodríguez. Dejaba fuera del caso a los ex concejales o ex responsables de rehabilitación del BNG, al igual que hacía con el ex alcalde Agustín Fernández y con la ex concejala Carmen Dacosta. Recurrió la fiscalía para que siguieran imputados los nacionalistas. En menos de un mes cambió de opinión el juez y ahora llega el momento en el que la fiscal del caso concreta la acusación para los nacionalistas Iolanda Pérez, Xosé Somoza, Xosé Carballido y Xosé Fernando Varela; el funcionario municipal responsable del área de rehabilitación; el ex alcalde Francisco Rodríguez y la ex concejala Áurea Soto.
Relación laboral disfrazada
La imputación a los ex cargos del bipartito municipal se produce porque, según mantiene el juez, «bajo la fórmula de asistencias técnicas se disfrazaba una relación laboral ordinaria, de tal manera que cada una de las facturas que mensualmente presentaba cada uno de los trabajadores contratados no era más que un sueldo mensual que cobraba».
Este caso se abrió a partir de una denuncia formulada por los representantes sindicales de USO y CIG, que señalaban a cuatro personas del grupo socialista. Durante la instrucción, al resultar que parte de esas asistencias técnicas correspondían a personas que orgánicamente dependían del área del rehabilitación, gestionada por el BNG, las responsabilidades se ampliaron.
Tanto el instructor como el fiscal han concedido especial relevancia al hecho de que el exalcalde Francisco Rodríguez hubiera levantado los reparos del interventor, para facilitar los pagos, mientras que su sucesor, Agustín Fernández, puso fin a la práctica.
La prórroga de los contratos de asistencias técnicas a las personas elegidas para esos puestos acabaron viendo reconocidos sus derechos laborales y de ese modo lograron plaza como laborales fijos en la plantilla municipal, tras las correspondientes reclamaciones judiciales.