Las solicitudes de gracia, con escasísimas posibilidades de éxito, se plantean muchas veces para ganar tiempo a la hora de pagar una multa o retrasar el ingreso en prisión
13 dic 2015 . Actualizado a las 05:00 h.La petición de indulto es el último recurso para una persona con una condena firme y sin más recorrido en la administración de justicia. Aun sabiendo que son muy pocas las que prosperan, abogados y penados no dejan de renunciar a esta vía. No tanto con la esperanza de que llegue la medida de gracia, parcial o total, sino en ocasiones para retrasar el momento de hacer frente a una multa - que a veces permite reunir el dinero necesario, contando con familiares o amigos- o aplazar el ingreso efectivo en prisión. En Ourense, los juzgados de lo penal y la Audiencia han tramitado en el 2015 ochenta peticiones de indulto. Una vez planteada, el órgano ejecutor pide informes al fiscal y a la acusación popular o a la particular, cuando las hay, incorpora esas impresiones y transmite al Gobierno. Ni una ha venido favorable, ni este año ni en los últimos, según datos de los dos juzgados y de la Audiencia.
El momento de la comunicación formal de la denegación lleva aparejada la inmediata ejecución de la pena, que con carácter previo suspenden jueces y magistrados, en Ourense, como criterio general. El indulto es una posibilidad, de poco probable éxito, pero los jueces aguardan a la decisión del Gobierno para evitar que una persona pueda ser indultada y esté en la cárcel.
La tendencia del 2015 mantiene en cuanto a solicitudes la línea de años anteriores. En la Audiencia Provincial, a modo de referencia, en el 2014 se gestionaron seis, dos menos que este año. En el Juzgado de lo Penal número 2 de Ourense, desde el año 2000 hasta la actualidad han sido 165 las personas que plantearon esta opción al Gobierno. En ningún caso alcanzaron el resultado que en teoría esperaban.
Las propuestas incluyen todo tipo de delitos y perfiles
La negativa del Gobierno a la hora de conceder indultos equipara delitos y perfiles. Igual se deniega a quien ha sido condenado por estafa, como por haber intentado contratar a un sicario por Internet, o por narcotráfico. Da lo mismo que el fallo imponga penas de prisión, o de inhabilitación, sea el fundador y presidente de honor de la fundación san Rosendo, Benigno Moure, o el ex alcalde de Melón, Alberto Pardellas. Que la petición vaya acompañada de cientos de firmas de apoyo, de ciudadanos más o menos conocidos, tampoco ha influido ni ha dado frutos en casos como los citados. Ni que el penado tenga hijos pequeños, o que pueda perder un puesto de trabajo. Los indultos quedan reservados para situaciones excepcionales y en Ourense, al menos durante los últimos años, no se han producido.