Soto se aferra al dictamen de Hernández, a la interpretación de un auto de TSXG que ampararía la concesión de licencia, incluida la del garaje privado porque así lo permitía el PXOM entonces vigente; a que ningún técnico municipal puso reparos al acuerdo y a que, en fin, le dieron todo hecho sin tener una intervención directa ni siquiera contactos con la letrada municipal que llevó el asunto. El arquitecto fijó la cantidad y todo lo demás, vino a decir, es cosa de la abogada.
La ex concejala fue desmentida por la viceasesora municipal y por otra letrada del Concello, que como testigos reiteraron ayer que en su impresión no era posible legalizar el aparcamiento, puesto que el subsuelo es indiscutiblemente privado. Y lo es, matizaron, desde que en 1995 se firmó el convenio entre las monjas y el Concello para recalificar el suelo y aumentar de forma notable la edificabilidad. No solo era su opinión, sino que, además, se la transmitieron a la acusada.
