Ourense: La oleada de asuntos penales contra el último gobierno local llega a juicio

Áurea Soto ha sido la primera en llegar al banquillo de acusados. El ex alcalde Francisco Rodríguez, que había sido detenido el 20 de septiembre del 2012 como parte de la trama de la operación Pokémon, sigue esperando a que le concreten las imputaciones. Pocos días después de aquel aparatoso episodio, a mediados de octubre, Gonzalo Jácome (DO) denunció en el juzgado de guardia presuntas irregularidades en la gestión del servicio de ayuda a domicilio del Concello de Ourense. También la exconcejala Marga Martín espera a que en el juzgado le digan de qué la acusan. A Áurea Soto no la denunciaron hasta enero del 2013 por su gestión en la legalización de la urbanización de San Antonio, que había cerrado en el año 2009, pero ha llegado antes.

Compartió ayer banquillo con el abogado Carlos Hernández, el profesional externo que había dirigido el recurso del PSOE contra el PXOM del 2003 y a quien la exconcejala confió, siendo responsable de urbanismo, los asuntos más delicados, incluido el de la plaza de San Antonio que la llevó a la sala de vistas del Juzgado de lo Penal 2. El paquismo -sin Francisco Rodríguez- la arropó. Marga Martín, Agustín Fernández, Ana Garrido, Agustín Fernández Gallego y José Ángel Vázquez Barquero estuvieron con ella. No estaba el ex alcalde de la Pokémon, pero sí parte de su equipo de confianza, la fontanería del antedespacho, junto con los nacionalistas del primer bipartito. Sin entrar al juicio, también los concejales Juana Ageitos, Javier Rey y Carmen Dacosta la acompañaron. La vista continuará hoy y rematará el jueves, salvo imprevistos, con los informes.

Informes externos frente a la opinión de los funcionarios

En la legalización del aparcamiento tal cual se encuentra en la actualidad, siendo una propiedad privada que explota la empresa Párking Buenos Aires S.A., está el foco de conflicto. Según la tesis que maneja la fiscalía y la acusación, la licencia fue otorgado al amparo de un informe externo toda vez que los técnicos y jurídicos municipales no compartían el criterio de la ex concejala socialista. Áurea Soto, por su parte, aclaró que ella «jamás» había ordenado a un técnico cómo hacer las cosas. Con todo, el dictamen de Carlos Hernández había servido como pauta para la actuación de los servicios municipales, como la fiscal hizo ver ayer, al preguntar si era costumbre que se diga a los técnicos cuáles son las «conclusiones» a partir de las que trabajar.

A Áurea Soto se la acusa de prevaricación, con una petición de 10 años de inhabilitación.

«Tenemos un problema gordo: estúdialo y mira que se puede hacer», encargó Soto a Hernández

Cuando Áurea Soto llegó al Concello de Ourense y asumió la responsabilidad del área de urbanismo se encontró con el conflicto de la urbanización de la plaza de San Antonio. No solo había una orden de derribo del año 2004, avalada en el 2006 por el Tribunal Supremo, sino que el Tribunal Superior de Galicia (TSXG) ya había desestimado un primer incidente de inejecución promovido por el Concello de Ourense. Afectaba a viviendas, locales y al garaje. Soto llamó a Carlos Hernández. «Tenemos un problema gordo: estúdialo y mira qué se puede hacer», contó ayer el letrado que le había pedido la concejala. Cumplió el encargo.

Los técnicos municipales mantenían que no era posible legalizar el conjunto, porque el garaje no podía ser de titularidad privada, como era entonces y sigue siendo. Entendían que era necesaria una concesión administrativa para amparar su explotación. Hernández explicó que había aprovechado las «contradicciones del PXOM, que obligaban a hacer muchas interpretaciones» y concluyó que se trataba de un espacio libre, una parcela diferente y que, por tanto, tenía carácter estrictamente privado.

El siguiente paso lo dio la junta de gobierno local, que en marzo del 2009 dio luz verde a un pago de 358.000 euros a Aurora Montero, la particular vecina de la calle Bedoya que había litigado contra la recalificación urbanística del viejo solar del asilo, pues el proyecto privaba de luces la vivienda de su familia. Había ganado las sentencias de derribo, se comprometía a retirar recursos pendientes y se cerraba el caso con una indemnización.

Hasta que en el 2013 planteó DO una querella con los mismos argumentos que ahora defiende el entorno del promotor inmobiliario Bautista Rodríguez, que ejerce la acusación popular.

Soto se aferra al dictamen de Hernández, a la interpretación de un auto de TSXG que ampararía la concesión de licencia, incluida la del garaje privado porque así lo permitía el PXOM entonces vigente; a que ningún técnico municipal puso reparos al acuerdo y a que, en fin, le dieron todo hecho sin tener una intervención directa ni siquiera contactos con la letrada municipal que llevó el asunto. El arquitecto fijó la cantidad y todo lo demás, vino a decir, es cosa de la abogada.

La ex concejala fue desmentida por la viceasesora municipal y por otra letrada del Concello, que como testigos reiteraron ayer que en su impresión no era posible legalizar el aparcamiento, puesto que el subsuelo es indiscutiblemente privado. Y lo es, matizaron, desde que en 1995 se firmó el convenio entre las monjas y el Concello para recalificar el suelo y aumentar de forma notable la edificabilidad. No solo era su opinión, sino que, además, se la transmitieron a la acusada.

Hernández «consideraba que era interpretable» si el subsuelo podía tener carácter privado; «yo no tenía duda: es público», afirmó la abogada del Concello, Ana Blanco. Esta misma letrada aseguró que indemnizar a la autora de los contenciosos era legal y ella lo había apoyado, pero negó haber fijado la cantidad.