Hasta nueve escritos envió al Poder Judicial el denunciante contra Piña
OURENSE CIUDAD
Las quejas al CGPJ se sucedieron entre el 21 de enero y el 14 de octubre
12 nov 2015 . Actualizado a las 05:00 h.La incoación de un expediente disciplinario al magistrado Antonio Piña, actual presidente de la Audiencia Provincial de Ourense, no es fruto de una queja única y puntual. El denunciante, que es una persona del entorno familiar de la ex concejala socialista Marga Martín, envió hasta nueve escritos al Consejo General del Poder Judicial para dar cuenta de las presuntas irregularidades que atribuía al primer instructor del caso de ayuda a domicilio. Los dos asuntos que denunciaba, tanto haber dictado un auto cuando ya no era titular de juzgado de instrucción como haber estado en el consejo rector de la Escola Galega de Administración Pública (EGAP) «sin constar autorización alguna», son los que sustentan los expedientes por «conducta constitutiva de posible infracción disciplinaria muy grave».
Los primeros escritos fueron presentados a través de la página web del CGPJ y ratificados personalmente por el interesado el día 22 de abril. El último escrito fue remitido el pasado 14 de octubre, para reiterar los anteriores e interesar la solución de su queja, como ahora se detalla en el acuerdo de incoación del expediente disciplinario que le ha sido comunicado a las dos partes interesadas, al presidente del Tribunal Superior de Galicia, a la Fiscalía General del Estado y a varias secciones del CGPJ.
El denunciante, según también recoge el acuerdo del promotor de la acción disciplinaria, con el que se cierra la información previa 160/2015, advirtió en un escrito de mediados de junio pasado que el magistrado Antonio Piña «tiene en su poder el último tomo de la amplia documentación del procedimiento» de ayuda a domicilio que centra este asunto. Añadía, además, que el juez había acordado el 23 de mayo -fecha en la que sí disponía de prórroga de jurisdicción autorizada por el TSXG, como también recoge el mismo escrito- «devolver las actuaciones» al juzgado de instrucción para decidir sobre la procedencia de iniciar expediente de nulidad de actuaciones y dar traslado a las partes para que se pronunciaran. De hecho, a propuesta de las partes, el actual titular del juzgado, Luis Doval, declaró la nulidad de parte de las actuaciones de su antecesor.
Un golpe al gobierno socialista de Ourense que colea desde el 2012
Las diligencias previas 4192/12 se iniciaron por denuncia de Democracia Ourensana. Había razones de fondo de carácter laboral y empresarial tras la ruptura de los exsocios de la adjudicataria. Fue el primer asunto judicial que desgastó al PSOE en el Concello de Ourense en los últimos mandatos. Justificó críticas y acusaciones de la oposición (PP y DO) contra los gobiernos presididos por Francisco Rodríguez y Agustín Fernández, que respaldaron sin titubeo a Marga Martín.
Se investigó si la adjudicataria del servicio de ayuda a domicilio cumplía la oferta del 2007, si se podían pagar gastos de desplazamiento, si había doble contabilidad y si las facturas de «regularización» eran solo para agotar el presupuesto. Se sucedieron las entradas policiales en dependencias del Concello y en el despacho de un socio de la adjudicataria. También se incautaron ordenadores personales.
Dictó el juez Antonio Piña un auto en octubre del 2013 en el que marcaba «un plazo que no exceda de sesenta días» para cerrar una instrucción que sigue abierta. Apuntaba entonces indicios de estafa, falsedad y tráfico de influencias, que no se han concretado en el correspondiente auto. Las sospechas ni se confirmaron ni se desmintieron. Y acompañan desde entonces a la ex concejala, a los empresarios y a varios trabajadores municipales.