El alcalde cree que el miedo de los técnicos a ser imputados paralizó el Ayuntamiento

rubén nóvoa

OURENSE CIUDAD

Jesús Vázquez asegura que no hará valoraciones hasta que no concluya el proceso que afecta a seis expolíticos del Concello

09 oct 2015 . Actualizado a las 05:00 h.

La decisión judicial de ampliar el número de imputados en el caso de las asistencias técnicas en el Concello de Ourense fue acogida ayer con prudencia por el actual alcalde, el popular Jesús Vázquez. Considera que todavía se encuentra en una fase de la instrucción en la que no se pueden extraer conclusiones y que, por tanto, no será hasta que concluya el proceso cuando realice una valoración pública. A preguntas de los periodistas durante la rueda de prensa posterior a la junta de gobierno local, el regidor ourensano asumió las tesis de su antecesor en el cargo, Agustín Fernández Gallego, y pidió prudencia ante las imputaciones en procesos judiciales con connotación política: «Unha imputación non é sinónimo de culpabilidade e condena. Hai que ter en conta que en ocasións hai un uso político das imputacións, que non deixan de ser un estudio».

La medida del juez que lleva el caso de las asistencias técnicas de imputar a un funcionario del Concello de Ourense -el responsable del área de rehabilitación y vivienda- supone para Jesús Vázquez una mala noticia que afecta a toda la administración local: «Non é un situación positiva porque pode provocar a paralización ante o medo dos funcionarios».

Ahondó en esta teoría el regidor ourensano al ser cuestionado por su parecer y apuntó a que las imputaciones sistemáticas de trabajadores que se habían producido durante el anterior mandato socialista serían una de las causas que propició la ralentización de la actividad en la institución ourensana. «O Concello cando nós chegamos estaba totalmente paralizado, por moito que haxa alguén que aínda despois das eleccións non o queira recoñecer. Unha das cuestións que provocaban esta situación era o medo dos técnicos a ser imputados», concluyó Jesús Vázquez.

El recorrido de la denuncia

El origen del denominado caso de las asistencias técnicas en el Concello de Ourense nace de una denuncia presentada en su día por los sindicatos CIG y USO. Se dirigía al denominado núcleo duro del anterior gobierno, aunque finalmente tras las investigaciones iniciales acabó salpicando a más políticos. Tras la última imputación de un funcionario del Concello, se encuentran en esa condición el exalcalde, Francisco Rodríguez, la exconcejala de Urbanismo, Áurea Soto, y los exediles del BNG, Fernando Varela, Xosé Carballido, Xosé Somoza y Iolanda Pérez. El juez instructor aprecia indicios de un delito de prevaricación por omisión al respaldar de forma continuada el proceder de los responsables de las áreas con las asistencias técnicas sin advertir de que se cometía una ilegalidad.