El juez imputa a un técnico del Concello de Ourense por no advertir de ilegalidad en contratos

pepe seoane OURENSE / LA VOZ

OURENSE CIUDAD

El funcionario se suma a seis políticos en idéntica condición en el caso las asistencias técnicas

08 oct 2015 . Actualizado a las 05:00 h.

Un funcionario del Concello de Ourense, responsable del área de rehabilitación y vivienda, aparece desde ayer en la relación de imputados en el caso de las asistencias técnicas, en el que se discute la legalidad de la contratación de una serie de personas que acabaron incorporándose por orden judicial a la plantilla municipal al haber superado el máximo de tiempo permitido en situación temporal. La denuncia se presentó en su día al abrigo de los sindicatos CIG y USO, claramente dirigida contra el núcleo político del sector que dirigía el grupo municipal socialista (el alcalde Agustín Fernández, la concejala Áurea Soto y la responsable de personal, Carmen Dacosta), acabó salpicando a dos socialistas, a cuatro nacionalistas y ahora alcanza a un funcionario.

Un auto del juzgado de instrucción número 1 de Ourense, firmado por su titular, Leonardo Álvarez, entiende que el empleado municipal José Manuel Oliver favoreció la situación. Aprecia el instructor indicios de un delito de prevaricación por omisión, «al respaldar de forma continuada el proceder de los responsables de las áreas en las que se desarrollaban los servicios prestados bajo fórmula de asistencias técnicas, al no emitir ningún informe que pusiese de manifiesto la ilegalidad de dichas fórmulas contractuales».

Resalta el juez que el funcionario «no cuestionó ni una sola vez la forma en la que había sido celebrados» los contratos, «a pesar de que su trabajo consistía en emitir informes administrativos y sobre el funcionamiento del servicio, tanto necesidades materiales como de personal, dando de este modo amparo al ilícito proceder tanto de los responsables de área en cuyo seno se utilizaba de forma ilegítima la fórmula de las asistencias técnicas como el alcalde Francisco Rodríguez».

Amparo tácito

Frente a la explicación de que el funcionario no hizo informes porque no se los pidieron, el magistrado cree que «omitió gravemente» sus obligaciones y de ese modo dio «amparo tácito a las ilícitas contrataciones».

El juez ve «poco creíble» que alertara de palabra a Áurea Soto, Iolanda Pérez, Xosé Somoza, Xosé Carballido Xosé Fernando Varela -ex concejales o ex directores xeral de rehabilitación del BNG- cuando «lo normal hubiera sido emitir un informe jurídico por escrito desde el momento en el que el interventor puso de manifiesto la ilegalidad de las asistencias».

Este auto, dictado ayer por el instructor del caso, marca la apertura de un plazo de diez días al ministerio fiscal para que formule escrito de acusación, solicite la apertura de juicio oral o el sobreseimiento. Esta última posibilidad es poco probable, después de que la Fiscalía haya pedido que se mantuviera la imputación a los ex cargos del BNG que el juez dejaba fuera del caso en su primera resolución. La limitaba al ex alcalde Francisco Rodríguez y la ex concejala Áurea Soto. Recurrió la fiscal y añadió a Iolanda Pérez, Xosé Somoza, Xosé Carballido y Fernando Varela.

La Audiencia, en sintonía

La Audiencia Provincial, por su parte, refrendó la posición del instructor al desestimar los recursos y solicitud de archivo que plantearon todos los imputados. Sin prejuzgar el desenlace del caso, la Audiencia advierte que «la apariencia delictiva y la existencia de indicios objetivos frente a los recurrentes» lleva al mantenimiento del auto de continuación del procedimiento.

Aunque la práctica de la contratación de asistencias técnicas es anterior al gobierno bipartito PSOE-BNG del año 2007, este procedimiento se refiere a cinco casos concretos de personas contratadas al amparo de esta fórmula, cuyas facturas mensuales -teóricamente trabajando fuera de las dependencias municipales- fueron objeto de reparos por parte del interventor. Alertaba de que trabajaban en dependencias municipales y que la situación podía derivar en derechos con la obligación de contratarlos y convertirlos en trabajadores fijos del Concello de Ourense. Como acabó ocurriendo.

El juez ha valorado en sus escritos, para excluirlo como imputado, la determinación del ex alcalde Agustín Fernández Gallego para acabar con esa práctica.