Juzgan a tres personas por el cultivo en dos invernaderos de Tamallancos
24 sep 2015 . Actualizado a las 05:00 h.Tenían las mejores instalaciones de las que hay noticia en Ourense para la producción de marihuana. La primera cosecha era abundante, pero el negocio se vio frustrado. Olía demasiado. Cuando la Guardia Civil detectó a qué estaban dedicados dos invernaderos situados en una finca de Milladoiro, en el municipio de Vilamarín, la intervención realizada en agosto del 2012 permitió localizar 1.300 kilos de plantas secas de cannabis sativa en disposición de venta, cuyo valor se acerca al millón y medio de euros. Por aquella operación llegaron ayer al banquillo de acusados del Juzgado de lo Penal 1 de Ourense un ciudadano norteamericano, un armenio y un ourensano. Se acogieron a su derecho a no declarar durante la vista, que finalizará en noviembre, con el fin de que presenten declaración directa los peritos y testigos que faltan. El sistema de videoconferencia ha demostrado su eficacia, pero tiene limitaciones, en la medida en que cotejar documentos y firmas resulta difícil.
La titular del juzgado de lo Penal 1, Blanca Díez Mediavilla, dejó claro a abogados y fiscal que no era su estilo aceptar aplazamientos de forma sistemática, pero ayer aclaró que lo hacía para garantizar de forma escrupulosa el derecho de defensa.
Los acusados, sea como fuere, se acogieron a su derecho a no declarar. Solo respondieron a preguntas puntuales de sus letrados, que serán quienes ofrezcan las explicaciones que consideren en el momento de presentar las conclusiones definitivas.
Una finca de 35.000 euros
Carlos M. G., Paul J. M. y Artyom B. se enfrentan a distintas peticiones de condenas por unos hechos cuyo origen sitúa el ministerio público en octubre del 2011. Adquirieron entonces los acusados una finca donde ya había dos invernaderos. Pagaron 35.000 euros por un terreno de 8.700 metros cuadrados. Acondicionaron las instalaciones. Instalaron riego por goteo, ventiladores y un sistema eléctrico que permitía automatizar las labores internas. Aparte de reguladores de ph, disponían de abono líquido «para un mayor y más rápido crecimiento de las plantas», según recoge el fiscal en su escrito.
Extendieron los acusados su inversión a la vivienda del ourensano en la localidad de Vilariño, en Piñor. Humidificadores y ventiladores, tubos plásticos para mejorar el sistema de aireación, junto con una máquina picadora-trituradora ya instalada y otra aún sin uso, permitían «culminar el proceso de elaboración» para poder preparar la marihuana y venderla al detalle.
Sospechó la Guardia Civil del destino efectivo de los dos invernaderos, por lo que estableció un discreto operativo de vigilancia. En el mes de agosto del 2012, en una de aquellas acciones de vigilancia durante la madrugada, pudieron los agentes ver cómo dos personas no identificadas se introducían en la finca a través de un hueco de la alambrada que rodeaba la finca. Los siguieron los guardias y aunque no consiguieron darles alcance, la entrada resultó eficaz. Los agentes, dice el fiscal, «detectaron el existencia de un fuerte olor procedente de las plantas de cannabis, descubriendo la plantación existente en el interior de los invernaderos.
Invernaderos y domicilio
Aquel mismo día, ya con autorización judicial, entraron. Detectaron los mecanismos de control, 44 sacos de siete kilos cada uno con marihuana y novecientos hoyos en el suelo de uno de los invernaderos, mientras que en el segundo había 770 hoyos.
La intervención se completó con un registro en el domicilio de Carlos M. G., donde aparecieron distintos haces de planta, cogollos ya separados, con ventiladores encendidos en todas las habitaciones del edificio. Teléfonos, direcciones y más de dos mil euros en efectivo fueron también localizados en aquella ocasión.
El peso de las plantas, secas y en disposición de ser dedicadas a la venta, es de 1.300 kilos, con un valor de 1.4 millones de euros.
Prisión, multa y expulsión
La vista continuará en noviembre. Carlos, en cualquier caso, se enfrenta a una petición de condena de cuatro años y dos meses de prisión, con dos millones de euros de multa, que se podrán sustituir por dos meses de arresto en el supuesto de impago. En el caso de los otros inculpados, la propuesta de condena que plantea el ministerio público es de tres años y cuatro meses de prisión para cada uno de ellos, con millón y medio de euros de multa. En estos dos últimos casos, dado que los dos se encontraban en España en situación administra irregular, la prisión se sustituirá por la expulsión del país durante seis años. Al no haber rematado ayer la vista, queda esperar a las conclusiones para escuchar las justificaciones de los defensores, que, aparentemente, buscan invalidad las actuaciones por supuesta irregularidad en la primera entrada.