El día 17 se reúne la sala para decidir si el ordenamiento actual es legal
08 sep 2015 . Actualizado a las 05:00 h.La ordenación urbanística provisional que la Xunta de Galicia aprobó por decreto se enfrenta este mes a la prueba del algodón, casi cuatro años después de que entrara el vigor con su publicación en el DOG el día 3 de octubre del 2011. Pesan sobre esa norma nueve recursos judiciales en el ámbito de lo contencioso administrativo, unos sobre la totalidad y otros sobre aspectos concretos. El 17 de septiembre es el día señalado para votación y fallo por parte de los magistrados de lo contencioso del Tribunal Superior de Galicia (TSXG) a quienes corresponde despejar las dudas sobre la legalidad de la norma que tomaron forma desde el mismo momento en que se publicó. Se verá entonces, cuando se conozca el sentir de la sala sobre un documento que nació con la sospecha de fragilidad jurídica cosida a su contenido.
La inclusión de ámbitos privados entre las actuaciones que encontraban amparo en la norma elevaba de forma significativa la inseguridad jurídica del documento, como en su momento había lamentado la ex concejala Áurea Soto. La propuesta municipal para esta ordenación provisional se limitaba a ámbitos en los que, según mantenía el gobierno local, existía un interés público directo. En unos casos, por tratarse de equipamientos como el edificio judicial o el centro de salud de O Couto; en otros, por ser actuaciones que afectaban a sistemas generales, como en el área de reparto AR-39-E, de El Corte Inglés, dado que incluía la ampliación del CHUO, o el de Eroski, por afectar a la ronda bulevar.
Ámbitos públicos y privados
El añadido de quince ámbitos de interés puramente privado, con proyectos de urbanización ya aprobados antes de la nulidad del Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) del año 2003, elevó el nivel de pretendidos agravios, aunque convenció a la Asociación de la Construcción.
El TSXG dirá ahora, cuatro años después de su aprobación, si la ordenación urbanística se ajusta a la legalidad o no. La norma era, en cualquier caso, necesaria para sostener proyectos que se amparaban en el PXOM del 2003, que desapareció del ordenamiento jurídico a mediados de marzo del 2011, cuando el Tribunal Supremo confirmó la primera de las sentencias de nulidad dictadas antes por el TSXG.
Entró en vigor en aquel momento el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) del año 1986, que quedaba totalmente desfasado, por lo que entre el Concello de Ourense y la Dirección Xeral de Urbanismo -con gobiernos del PSOE y el PP- apuraron la redacción de una norma transitoria hasta la aprobación de un nuevo PXOM.
El frenazo que sufre el sector de la construcción durante los últimos años ha minimizado el efecto de la falta de un PXOM actualizado. El plan de 1986, vigente con los parches puntuales incorporados en la ordenación ahora discutida, resulta insuficiente por cuanto está en gran medida superado por la realidad.
Contenciosos con intereses variados, entre el carácter general y el interés particular
Son nueve los contenciosos planteados contra la ordenación urbanística provisional de Ourense. De carácter estrictamente privado, la empresa Coper S.A. solicitaba la anulación del decreto en el ámbito AR-36-E, por tener intereses en ese espacio. Igualmente, Copasa pedía que se incluyera en la ordenación la zona APE-03-N, de la misma forma que hicieron otros particulares y una junta de compensación con tres áreas concretas, el SURBZ-20, el AR-36-E y el AR-47-E.
También Xardín das Burgas recurrió en contra de la ordenación para reivindicar los derechos que les concedía el PXOM del 2003 para su proyecto en el entorno de As Burgas.
La Asociación de Propietarios de Fincas Urbanas presentó su contencioso en contra de la ordenación para reclamar la nulidad de todos los ámbitos privados.
Asuntos privados
Finalmente se presentaron dos solicitudes de sendos particulares, dirigidos expresamente contra el área de reparto que afecta al ahora paralizado proyecto de El Corte Inglés en Mariñamansa. Uno de los litigantes es Jorge Gil, quien, en el ámbito penal, mantiene una de las imputaciones contra la ex concejala Áurea Soto. El otro es Agustín Vega Fuente, ex concejal socialista. Este último, después de unos años apartado de la vida política, trataba entonces de hacerse un sitio en el escenario político local como candidato de UPyD.