El exalcalde de Ourense cree que un pasado político «no es un demérito, al contrario»

p. seoane OURENSE / LA VOZ

OURENSE CIUDAD

Los exconcejales defienden que Carmen Dacosta era la mejor directora general de personal y fue elegida por sus méritos

30 jun 2015 . Actualizado a las 22:30 h.

Tanto el exalcalde de Ourense, Agustín Fernández Gallego, como el resto de los miembros de la junta de gobierno socialista que aprobaron la designación de Carmen Rodríguez Dacosta como directora xeral de personal del Concello de Ourense, defendieron la decisión ante el juez. Fueron criterios objetivos. Sencillamente fue quien presentó un mejor currículo. Doce años de ejercicio profesional como abogada, cuatro como delegada de la Consellería de Traballo y tres año como concejala no electa y responsable del área de personal eran méritos de sobra, según destacó la exconcejala Áurea Soto.

Sobre el perfil y pasado político de Rodríguez Dacosta, el exalcalde hizo notar «que no es ningún demérito tener un pasado político, al contrario». No dejó de transmitir el exregidor, según aparece expresamente recogido en el acta de su declaración, que a Rodríguez Dacosta la podía haber nombrado por medio de un decreto. Indicó, además, que no solo no fue creada la plaza expresamente para ella, sino que con anterioridad, hubo «siete directores generales convocados y elegidos de la misma forma, y nunca nadie planteó el más mínimo problema respecto a su elección».

De hecho, con anterioridad a la designación de Carmen Dacosta, que es secretaria de la agrupación local del PSOE, ocuparon el mismo puesto los abogados Miguel Diéguez y David del Río, sin que ninguno de ellos tenga la condición de funcionario». José Ángel Vázquez Barquero, el actual portavoz municipal socialista en el Concello de Ourense, había sido también director general de promoción económica y empleo durante el mandato de la corporación del 2007 al 2011, con Francisco Rodríguez como alcalde. La organización del gobierno local es una decisión que corresponde al alcalde.

USO denunció a la junta de gobierno socialista por prevaricación, después de que en la jurisdicción de lo contencioso se anulara el nombramiento de Dacosta.

El exalcalde y los exconcejales solo tuvieron que responder a las preguntas del ministerio fiscal y de sus propios abogados. Pretendía asistir un letrado de USO, organización que en su día denunció la contratación. Tuvo que abandonar la sala. No se le permitió estar presente en las declaraciones, puesto que el viernes pasado aún no estaba USO personado en la causa, ni como acusación particular ni popular. Intentó el letrado la suspensión de las declaraciones, pero no le fue admitida.