Lleva ocho meses en Pereiro por no haber pagado a tiempo 2.700 euros

Fue condenada, sin asistir al juicio, por llevarse muebles tras un desahucio


ourense / la voz

Si María D. S. hubiera pagado los 2.774 euros que le reclamó un antiguo casero, probablemente no estaría en la prisión de Pereiro desde el pasado mes de octubre. No había asistido al juicio, ni, según ella, conoció la sentencia en su momento adecuado, ni tampoco supo de las posteriores acciones en la maquinaria judicial, por lo que mal podía pagar. Es su versión, que no le ha impedido estar cumpliendo condena por un delito de apropiación indebida, sin que le hayan aceptado la suspensión de la ejecución de condena. No pagó a su debido tiempo la deuda. Y esa circunstancia ha resultado determinante.

Los jueces acceden por norma general a las solicitudes de suspensión de la ejecución de condena cuando, de acuerdo con el Código Penal, el implicado no tiene antecedentes penales y la pena no es superior a dos años. Evitan así los acusados el ingreso efectivo en la cárcel. En ocasiones, sin embargo, no basta con cumplir esas exigencias, sobre todo cuando por medio aparecen pagos de indemnizaciones.

Le ocurrió a Isabel Pantoja y también le ha pasado a esta mujer, a quien un juzgado de lo penal de Ourense condenó en abril del 2011 a quince meses de prisión por una sustracción de muebles en una vivienda de Xinzo de Limia que había alquilado y abandonado durante el año 2008. La ourensana ha acudido al ministro de Justicia para solicitar que le concedan un indulto. La deuda está saldada, enfatiza, pero ella sigue en la cárcel. El juzgado de lo penal le ha denegado la suspensión de la pena privativa de libertad y la Audiencia de Ourense ha confirmado esa decisión.

Rebeldía, busca y captura

El auto del juzgado de lo penal valora y reprende la actitud de la acusada. «Aunque la pena impuesta no es superior a dos años de duración, el penado, aunque ha hecho frente al pago de la responsabilidad civil, lo ha efectuado in extremis, tal y como argumenta el fiscal en su informe, después de habérsela colocado en rebeldía y una vez que se acordó la busca y captura e ingreso en prisión» dice la resolución.

La reclusa, visto que en la maquinaria judicial convencional no ha encontrado eco a sus solicitudes, ha optado por la vía del indulto. Trata de hacer ver al ministro de Justicia que su actual situación es fruto de una sucesión de carambolas y coincidencias en su contra, que califica de «desafortunados sucesos». Todo ello, además, «sin perjuicio de que pueda emprender acciones legales contra los letrados que han llevado su defensa». Porque, según afirma, se celebró el juicio sin estar ella presente y sin que, con posterioridad, tuviera noticia alguna del rumbo que iba tomando el procedimiento y que ha dado con sus huesos en la cárcel.

Cama, mesillas y coqueta

La primera sentencia, de 26 de abril del 2011, detalla la desaparición de dos sillas de cocina, una cama de matrimonio con su colchón y almohada, dos mesillas y una coqueta, junto con un espejo del cuarto de baño. Se recoge en el texto cómo la acusada «hace dejación voluntaria de su derecho a ofrecer una versión exculpatoria no compareciendo al acto del plenario sin alegar causa que se lo impida».

Dice la resolución que la afectada por esta situación no había pagado la renta del inmueble que había alquilado en Xinzo, por lo que «se procedió al desahucio y al practicar el desalojo se comprobó que la imputada, con un evidente ánimo de lucro, se había llevado los objetos mencionados». Lo niega la implicada, pero la sentencia es firme.

«Mis representantes legales no me comunicaron ni celebración del juicio, ni sentencia, ni nada, hasta que me llegó la notificación de ejecutoria», dice en su escrito al ministerio de Justicia. Acudió a Verín al cuartel de la Guardia Civil, según aclara, para recoger una notificación en relación con otro asunto y de allí salió directamente hacia Pereiro. «Sin poder siquiera acomodar a mi hijo mejor de edad», especifica.

Apela, por otra parte, a su condición de madre divorciada, con un hijo menor que depende de ella en lo fundamental, puesto que el padre es transportista y pasa gran parte del tiempo fuera del domicilio por razones de carácter laboral.

Durante la tramitación de la petición de suspensión del ingreso en prisión, el directo perjudicado se negó hasta que no se produjera el pago de los 2.006 euros, intereses y costas del procedimiento, que la acusada liquidó una vez que había ingresado en la prisión de Pereiro.

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