Una de las incógnitas en el Concello de Ourense en las últimas semanas era si finalmente, y como es tradición, habría foto de familia al finalizar el último pleno del mandato en las escaleras de la consistorial. Y la hubo, pero muy distinta a la de otras ocasiones. Esta vez no posaron los 27 concejales a modo de despedida. La imagen que ayer se tomó en las escaleras del Concello fue la de agentes de la policía custodiando el salón de plenos ante la presencia de vecinos de Reza, integrantes de Stop Desahucios, políticos -entre ellos Miguel Doval y Ledicia Piñeiro, concejales electos de Ourense en Común- y sindicalistas. Pedían a gritos al alcalde de Ourense, Agustín Fernández, que diera la cara tras producirse el desalojo de un chalé en Reza para su posterior demolición. También reprocharon a los agentes policiales que participaran en el dispositivo de seguridad montado alrededor de la vivienda: «Algún día pagarédelo». Minutos antes, el regidor había mandado desalojar a varias personas que reventaron el último pleno del mandato. Y es que la votación definitiva tras cuatro años en el Concello de Ourense se hizo entre gritos desde el gallinero: «¡Vergoña!», «¡Estafa!», «O que facedes aquí é un paripé... Merda para todos, ladrones». Fue en ese momento cuando Agustín Fernández ordenó el desalojo en un salón de plenos que estaba custodiado hasta los dientes por policías locales, en previsión de lo que finalmente sucedió.
Fuera los ánimos también estaban caldeados. Algunos concejales del gobierno fueron increpados a la salida del salón de plenos, otros sin embargo optaron por unirse a las reivindicaciones de los vecinos de Reza. Entre ellos, la concejala díscola Susana Bayo, que no pudo reprimir las lágrimas y que en las redes sociales mostraba su contrariedad por la gestión de la crisis por parte del alcalde.
Fue el triste final a un mandato convulso, el más movido que se recuerda en Ourense. Desde la operación Pokémon hasta los desalojos policiales de concejales, por poner dos ejemplos.