La falta de apoyos impide al Concello de Ourense pagar 2,6 millones

rubén nóvoa OURENSE / LA VOZ

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Mónica Vázquez (PSOE) y Rosendo Fernández (PP) discuten sobre el pago a Proavia. santi m. amil

PP y DO forzaron la retirada de la propuesta del pleno al advertir que la cantidad prevista era inferior a la reclamada por el juzgado

04 jun 2015 . Actualizado a las 05:00 h.

El pago de una indemnización judicial de 2,6 millones de euros a la empresa Proavia tendrá que esperar. Pese a que el gobierno socialista en funciones convocó un pleno urgente con el único fin de aprobar la modificación de crédito que permita pagar la deuda reclamada por el juzgado, finalmente la decisión quedó sobre la mesa. El Partido Popular solicitó la retirada del orden del día de la propuesta al advertir de que la cantidad prevista en el reconocimiento de deuda (2,6 millones de euros) no cuadraba con la que se reclamaba desde el juzgado en el último auto del pasado 22 de mayo (3,1 millones). «A proposta é incongruente ca demanda do xulgado. É unha nova mostra de deixadez e incompetencia, porque o que pide o xuíz non é a cantidade fiscalizada», indicó el portavoz popular, Rosendo Fernández.

La propuesta de dejar sobre la mesa el pago de la indemnización salió adelante gracias a los votos favorables de Democracia Ourensana y a la abstención del BNG. «Es una chapuza y una negligencia, que hace que tengamos que tirar a la basura los 160.000 euros por intereses de un pago que es del año 2013. Es un caso que resume lo que ha sido este mandato», explicó el portavoz de DO, Gonzalo Pérez Jácome.

El alcalde en funciones, Agustín Fernández, intentó sin éxito convencer a la oposición para que apoyaran el reconocimiento de deuda. Argumentó que contaba con todos los informes preceptivos, incluido el de fiscalización, y alegaba que en el acuerdo ya se incluye un apartado en el que se detalla «unha obriga adicional que contemple os xuros devengados ata o día 21 de maio e o día que se faga efectivo o importe principal da débeda». Fernández Gallego incluso cedió la palabra al interventor municipal, Gonzalo Alonso, para que intercediera. Sin embargo, el alto funcionario se limitó a asegurar que él solo podía valorar el documento que le habían remitido: «Non podo comentar nin valorar autos nin providencias que cheguen despois do expediente».

La deuda con Proavia nace de un fallo judicial del año 2013 en el que se condena al Concello de Ourense al pago de 2,5 millones de euros al incumplir un convenio urbanístico debido a la anulación del plan del 2003. Al retrasarse el abono, el juzgado emitió diferentes autos en los que reclamaba al Concello el pago. Eso generó unos intereses de 160.000 euros y una advertencia de multas y un posible delito de desobediencia de mandato judicial.

El silencio del BNG

El BNG, que se quedó fuera de la próxima corporación, no hizo uso del turno de palabra durante el debate sobre Proavia.

El gobierno en funciones dice que remitirá el acta al juzgado y convocará una nueva sesión

El alcalde en funciones abandonó visiblemente molesto el salón de plenos del Concello de Ourense tras el intento fallido de ratificar el pago de 2,6 millones de euros a Proavia. Horas después de que concluyera la sesión, el gabinete de comunicación remitió un escrito en el que anunciaba la intención del gobierno socialista de remitir el acta del pleno extraordinario al juzgado, toda vez que «existe unha sentenza xudicial firme que obriga a abonar as cantidades adeudadas contra a sociedade Proavia». Recuerdan los socialistas que el procedimiento administrativo de pago requiere de aprobación plenario y que esta fue imposible al ser retirada del orden del día con los votos a favor de PP y DO, y la abstención del BNG.

Ante este escenario, el gobierno municipal en funciones anunció su intención de convocar una nueva sesión plenaria «no prazo de tempo máis breve posible», en la que se volverá a llevar a aprobación este reconocimiento de deuda. «Chamamos á coherencia e a sensatez e a acatar o ordenamento vixente aos grupos políticos da oposición, xa que non podemos deixar que posicións políticas afecten ao cumprimento da legalidade por parte do Concello de Ourense», indicó Agustín Fernández Gallego.

Además, el PSOE sostiene que el expediente de modificación de crédito está avalado por el propio juzgado y que si se generan nuevos intereses, estos ya serán reclamados por el juzgado.