Aplazan hasta el lunes el derribo de la casa de Reza

El abogado de la familia anunció que hoy mismo presentará una querella por prevaricación contra el alcalde de Ourense


La decisión judicial de derribar ayer una casa de la localidad ourensana de Reza, por carecer de licencia, no pudo llevarse a cabo. No fue la presión popular, que la hubo, si no un defecto en el proyecto de demolición de la vivienda, redactado por el Concello de Ourense, el que demora hasta el próximo lunes los trabajos. Desde la seis de la mañana un gran despliegue policial -medio centenar de agentes de las policías local y nacional y unidades especiales anti disturbio- impidió llegar hasta la casa a decenas de familiares y amigos de los afectados que intentaban atrincherarse en la vivienda junto a los propietarios. Sin embargo, alrededor de cincuenta personas pudieron, monte a través, acercarse a la vivienda y permanecer en ella durante toda la mañana.

La tensión en la zona se hizo presente durante varios momentos, aunque no se produjo ningún altercado de importancia, salvo frases cruzadas entre los agentes y los vecinos. A primera hora de la mañana, y ante los técnicos municipales que acudieron a la vivienda (cuatro jurídicas, dos arquitectos y la oficial mayor), el abogado de los afectados puso de manifiesto defectos en el proyecto de demolición, como la falta de aprobación del mismo por parte de la junta local, entre otros.

El letrado de la familia, abogado del constructor que ha sido el látigo de la actual corporación en temas urbanísticos, aseguró que no se pretende discutir la orden judicial de derribo de la vivienda sino el incumplimiento del trámite legal para llevarlo a cabo. Añadiendo, además, que este carece de afectación sectorial en materia de medio ambiente (corte de árboles centenarios sin autorización autonómica) o la imposibilidad de manipular y anular un tanque de gasoil que se encuentra en la finca, sin permiso de Industria. Tras una hora de deliberaciones sobre estos defectos de forma, el Concello decidió continuar las diligencias y seguidamente renunció el director de obra, alegando que no quería llevar a cabo la demolición. Pero en menos de media hora, el alcalde de Ourense dictó una providencia nombrando a uno nuevo. Ya habían pasado más de tres horas y los ánimos entre los vecinos se fueron calmando ante las noticias que llegaban desde la casa, que algunos calificaron de «esperpénticas». Finalmente, los propietarios y el Concello llegaron al acuerdo de aplazar la demolición hasta el lunes para permitir a la familia sacar sus enseres de la vivienda. Sin embargo, el abogado de la familia anunció que hoy mismo presentará una querella por prevaricación contra el alcalde de Ourense, Agustín Fernández, por haber querido continuar con el proyecto de demolición a sabiendas de que existen graves defectos que lo ilegalizan. El Concello, por su parte, se ampara en el auto judicial que le obliga a derribarla.

El Juzgado Contencioso-Administrativo núm. 1 de Ourense envió el martes un escrito para explicar la situación de la vivienda y la orden de derribo en el que subraya: «La casa se construyó en suelo no urbanizable o rústico sin licencia. No se podía legalizar porque no tenía vinculación con un uso agropecuario, y además excedía de la edificabilidad máxima permisible». En la misma nota explican: «El Ayuntamiento de Ourense ordenó su demolición en varias resoluciones firmes. Luego amparándose en un nuevo Plan General dio licencia de legalización. Pero el Plan General fue anulado por sentencia firme del TSXG, lo que conllevó a su vez la anulación de la licencia de legalización. Le corresponde al Juzgado Contencioso-Administrativo núm. 1 de Ourense la ejecución forzosa de esa sentencia, que solo puede conllevar el derribo de la casa».

Es más, afirman desde el juzgado que las obras fueron realizadas sin licencia con pleno conocimiento por parte de sus promotores y del arquitecto de su ilegalidad «desde un principio». Y añaden que la licencia -anulada por el Juzgado Contencioso-Administrativo núm. 1 de Ourense- «se pidió y concedió tiempo después de que la obra se hubiese terminado». Además, quieren desvincular este caso con los desahucios derivados de hipotecas o con personas sin recursos.

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