El juez que inició la instrucción, presidente de la Audiencia desde diciembre, devuelve ahora el asunto para su conclusión por el actual titular del juzgado
31 may 2015 . Actualizado a las 05:00 h.Tiene fecha del 23 de mayo del 2015 el último auto de las diligencias 4196/2012 firmado por Antonio Piña como «magistrado-juez del Xdo. de Instrucción N. 2 de Ourense». Resultó llamativo que hubiera dictado el 16 de enero del 2015 una resolución sobre el mismo caso, cuando llevaba más de un mes como presidente de la Audiencia. Casi sin avances desde entonces, con recursos y aclaraciones pendientes, el auto que esta semana han recibido las partes, suscrito por el ex titular del juzgado, se percibe como un punto y seguido. Permitirá al actual titular concluir la larga instrucción de uno de los asuntos que más agrietó la imagen del gobierno socialista que deja el Concello de Ourense.
El auto suscrito por Antonio Piña se ciñe, en su parte dispositiva, a «devolver las actuaciones al órgano jurisdiccional para que decida sobre la procedencia de iniciar expediente de nulidad de actuaciones y dar traslado a las partes del mismo al objeto de que estas informen sobre la procedencia de su anulación». Es decir, el presidente de la Audiencia -que en este caso aún actúa como juez de instrucción- devuelve el caso al juzgado que abandonó en diciembre del 2014, pese a lo cual aún había tomado otro acuerdo en enero. Ocurre, según se desprende de la fundamentación de esta última resolución, que en la causa no constaba que el juez hubiera solicitado prórroga de jurisdicción para seguir resolviendo sobre los flecos que dejaba colgados. Nadie ha pedido la nulidad de actuaciones, pues tampoco es momento procesal oportuno, pero el magistrado cubre esa posibilidad antes de que con toda probabilidad se produzca. La ausencia de ese documento «podría integrar causa de nulidad», según reconoce, por lo que, según dice, «procede poner en conocimiento de las partes tal anomalía al objeto de preservar la seguridad jurídica y evitar resoluciones injustas».
Con meses de retraso ha obtenido el magistrado esa prórroga de jurisdicción por parte del Tribunal Superior de Galicia, que legitimaría no solo aquel acuerdo de enero sino el del pasado día 23, que representa en la práctica su abandono real del caso.
De 60 días a año y medio
Estas diligencias nacieron en el año 2012 con una denuncia de Democracia Ourensana, en la que atribuía presuntas irregularidades en la gestión del servicio de ayuda a domicilio a la concejala Marga Martín, a los empresarios que gestionan el servicio y a varias empleados municipales. La instrucción, que incluyó la intervención de ordenadores y entradas de la policía en dependencias del Concello de Ourense, alcanzó en octubre del 2013 su momento clave. En una extensa resolución de 37 folios, aunque no era «un auto de procedimiento abreviado y por tanto de cierre de instrucción», por lo que «los indicios que aquí se exponen son susceptibles de nueva valoración una vez practicadas las diligencias probatorias que se acuerden», el juez Piña señalaba indicios de delitos de estafa y malversación de caudales.
Decía entonces el magistrado, en el auto de 9 de octubre del 2013, que «a fin de acelerar la terminación de la fase instructora se tratarán de practicar estas diligencias en un plazo que no exceda de sesenta días». No fue posible. Pasó el 2014. Hubo incluso tiempo para discutir qué correos electrónicos podía leer -y utilizar- el juez en los ordenadores intervenidos a la concejala y a los empresarios. Una sustituta permaneció varios meses al frente del Juzgado de Instrucción 2 y el 10 de abril publicó el BOE el nombramiento del actual titular, pero el caso de ayuda a domicilio aún permanece abierto.
crónica ayuda a domicilio, caso abierto desde el 2012
PP y DO contra Marga Martín
Al actual titular del Juzgado de Instrucción 2 de Ourense, Luis Doval, le corresponde ahora el papel de continuar y cerrar la instrucción de un caso que ha tenido una notable repercusión mediática. Tanto Democracia Ourensana como el PP reclamaron desde el primer momento la destitución de la concejala Marga Martín, en quien ha mantenido plena confianza el alcalde Agustín Fernández Gallego. Al asunto aún le queda recorrido en la fase de instrucción. No ha habido auto de procesamiento, por lo que Marga Martín se ha mantenido en el puesto, contrariamente a lo que ocurrió con Áurea Soto, que dimitió al llegar a esa fase en otro caso. La concejala de Benestar, con todo, se apartó de la contienda electoral.