De 60 días a año y medio
Estas diligencias nacieron en el año 2012 con una denuncia de Democracia Ourensana, en la que atribuía presuntas irregularidades en la gestión del servicio de ayuda a domicilio a la concejala Marga Martín, a los empresarios que gestionan el servicio y a varias empleados municipales. La instrucción, que incluyó la intervención de ordenadores y entradas de la policía en dependencias del Concello de Ourense, alcanzó en octubre del 2013 su momento clave. En una extensa resolución de 37 folios, aunque no era «un auto de procedimiento abreviado y por tanto de cierre de instrucción», por lo que «los indicios que aquí se exponen son susceptibles de nueva valoración una vez practicadas las diligencias probatorias que se acuerden», el juez Piña señalaba indicios de delitos de estafa y malversación de caudales.
Decía entonces el magistrado, en el auto de 9 de octubre del 2013, que «a fin de acelerar la terminación de la fase instructora se tratarán de practicar estas diligencias en un plazo que no exceda de sesenta días». No fue posible. Pasó el 2014. Hubo incluso tiempo para discutir qué correos electrónicos podía leer -y utilizar- el juez en los ordenadores intervenidos a la concejala y a los empresarios. Una sustituta permaneció varios meses al frente del Juzgado de Instrucción 2 y el 10 de abril publicó el BOE el nombramiento del actual titular, pero el caso de ayuda a domicilio aún permanece abierto.