El alcalde irá a la justicia si tiene que pagar las aceras de su casa
OURENSE CIUDAD
El Concello de Ourense recurrirá la reclamación de 83.659 euros presentada por Hacienda
14 may 2015 . Actualizado a las 05:00 h.La reclamación del Ministerio de Hacienda para que el Concello de Ourense devuelva parte de la subvención con la que se construyeron las aceras de la calle donde vive el alcalde de Ourense ha provocado que la administración local mueva ficha. Fuentes municipales indicaron que los servicios jurídicos consideran que debe presentarse un recurso contencioso administrativo para evitar la pérdida de los 83.659,49 euros que reclama el Estado al entender que hubo cofinanciación en la obra subvencionada con cargo al Plan E y que supuso una inversión de casi 260.000 euros.
Esa defensa de los intereses municipales se basará, según las mismas fuentes, en que consideran que en el expediente que afecta a la calle Clara Corral Aller hay «contradicciones» y que no se comparte la decisión de tomar como criterio predominante el del interventor municipal. La reclamación que hace ahora Hacienda se debe a que considera que se incurrió en una cofinanciación al tener el Concello de Ourense el dinero de los avales de tres vecinos de esa calle, entre los que se encuentra el del actual alcalde Agustín Fernández. A esa cifra, la reclamación de Hacienda suma una cantidad de unos 17.000 euros en intereses.
En caso de que el requerimiento de Hacienda siga su curso y el Concello tenga que devolver el dinero, lo más probable es que acabe por reclamar ese dinero a los tres vecinos. En ese supuesto, fuentes próximas al actual regidor tienen claro cuál será su proceder ya fuera de la política y como un ciudadano más: «Abonará a cantidade que lle esixa o Concello cando este practique a liquidación -intervención municipal apunta a una cantidad de 28.000 euros-. Ademais reclamará e defenderase na vía contenciosa cando así corresponda».
El tiempo político
La exigencia del Ministerio de Hacienda fue notificada al Concello de Ourense el martes 12 de mayo, en plena campaña electoral. «Chama a atención que un tema de 2009 saia a luz no 2013 cando un veciño se converte en alcalde e agora unha resolución con data do 15 de abril chegue ao Concello o 12 de maio en plena campaña electoral», indicaron.
Las obras de acondicionamiento de la calle Clara Corral Aller se realizaron de acuerdo con un proyecto del 2009 cuando Agustín Fernández Gallego era concejal de Hacienda y fueron financiadas con cargo al plan E del gobierno de Zapatero. Sobre esa actuación pesaban tres avales de vecinos, como exigencia para poder construir sus viviendas. Uno de ellos fue el presentado por Fernández Gallego, cuya devolución (10.633 euros) fue aprobada en una junta de gobierno del bipartito PSOE y BNG.
Una polémica alentada por el PP y que acabó con denuncias cruzadas en la Fiscalía
Las obras de la calle Clara Corral Aller saltaron a la primera línea informativa cuando el grupo municipal del Partido Popular acusó en marzo del 2014 al alcalde de Ourense de pagar la urbanización de las aceras de su vivienda con cargo al Plan E. Justo antes de denunciarlo ante la oposición, había llevado toda la documentación a la Fiscalía por un presunto delito de «prevaricación, tráfico de influencias y malversación de fondos públicos». La respuesta del regidor no se hizo esperar y calificó la denuncia de «terrorismo político». Desde entonces y ha pasado ya más de un año, el caso de las aceras del alcalde de Ourense se ha convertido en una de las banderas políticas del PP. Llegó a forzar un pleno extraordinario en el que se acordó, gracias al apoyo del BNG, la creación de una comisión de investigación. No fue, sin embargo, el PP el único que acudió al fiscal por este caso. El alcalde de Ourense movió ficha en el mes de abril del 2014 y denunció en fiscalía una presunta trama contra él. Aseguró que suplantaron la identidad de un vecino para implicarlo en esta polémica.
De forma paralela al debate político, el expediente sobre el aval del alcalde de Ourense y las aceras de su calle fue quemando etapas administrativas. El interventor concluyó que el alcalde debía abonar 28.000 euros, pero el expediente caducó sin que se llegara a tomarse ninguna resolución. El PP denunció que «deixouse morrer a sabendas».