El Concello de Ourense preveía un hotel balneario «con encanto» en el edificio Goretti

El alcalde de Ourense, Agustín Fernández, significó ayer la importancia que el antiguo edificio Goretti tiene para la capital. El mismo día que el edil de Democracia Ourensana, Gonzalo Pérez Jácome, interpuso una denuncia contra él y el exalcalde Francisco Rodríguez -además de diez propietarios- por ilegalidades en la compra de este inmueble. «O goberno de Manolo Cabezas pensou na súa adquisición. É un lugar do casco degradado que está en ruínas. Resulta imprescindible e necesaria a súa adquisición para rehabilitalo e poñelo ó servizo da poboación», dijo el regidor. Es más, subrayó: «Pode ser un lugar emblemático polas súas surxencias termais para construír un hotel balneario con encanto que atraia a turistas á cidade». Recordó que en el 2010 fue adquirido correctamente con escritura pública. Las palabras del alcalde chocan con el anuncio que él mismo hizo en el año 2009, como concejal de Economía, cuando hablaba deponer en marcha un centro de formación ocupacional. La intención de transformar este edificio en un hotel balneario parte, según fuentes municipales, de la época en la que los nacionalistas, de la mano de Ana Garza, iniciaron un plan para revitalizar el casco vello de la capital y el termalismo. A partir de esa fecha fueron varios los edificios adquiridos por la administración local, y muchos de ellos ya están en funcionamiento, como es el caso del edificio de iniciativas empresariales, el centro cívico de la calle Colón o las nuevas dependencias de recaudación municipal. En el año 2010 el Concello de Ourense adquirió el inmueble, pero solo a una mayoría de los herederos con derechos sobre el mismo, que se atribuyeron un 95,17 % de la propiedad. Pero no fue suficiente. El único heredero disconforme fue al juzgado, que dictaminó en su favor argumentando que la división de la «cosa común no puede ejercitarse por carecer de un derecho de propiedad sobre la finca cuya división se pretende». Entiende que en la escritura firmada con el Concello, los vendedores carecían de facultades para la transacción, al no estar dividido el inmueble entre los beneficiarios.

Democracia Ourensana presentó una denuncia penal por la inacción

Democracia Ourensana cree que la inacción del gobierno local en cuanto a la propiedad del inmueble, al afectar a fondos públicos, podría dar lugar a una eventual causa de responsabilidad penal. Por eso su portavoz, Gonzalo Pérez Jácome, presentó ayer una denuncia en el juzgado de guardia en la que acusa al actual alcalde, Agustín Fernández, al exregidor Francisco Rodríguez y a los propietarios que firmaron la compra, de posibles delitos de malversación de caudales públicos, cohecho, falsedad en documento público y prevaricación administrativa. Pérez Jácome explicó ayer: «Hay más de 400.000 euros perdidos de todos los ourensanos. El Concello no hizo nada. Lo que esperaban es que caducaran los plazos y que los vendedores se quedaran con el dinero. Solo ahora, que amenazamos con venir al juzgado, comenzaron un pleito que creemos que lo hacen para disimular». El portavoz de Democracia Ourensana, a nivel particular, cree que pudo haber una intencionalidad. «Cada uno sabrá si es dueño de la propiedad o no. Y el alcalde actual, que es inspector de Hacienda, debería saber cuándo una venta procede o no. No tengo pruebas de que fuera intencionado, eso lo tendrá que investigar el juez, pero tú no favoreces a terceros porque sí. Tiene que haber gato encerrado».

Por su parte, Agustín Fernández subrayó ayer: «A compra do antigo colexio Goretti só tivo un simple problema de herdanzas, como tantos inmobles da zona vella, sen que por iso supoña indicio de delito algún». El alcalde explicó que el gobierno del PSOE y del BNG logró adquirirlo en 2010, correctamente, en escritura pública, con todos los informes favorables, y con el visto bueno de la intervención municipal. «Só un problema, moi habitual nos inmobles da zona vella pola fragmentación da propiedade, foi a causa da anulación da dita compra, o que en todo caso é unha cuestión civil e administrativa, unha compra que se fixo legalmente e de boa fe», añadió. Y aseguró que la denuncia presentada ayer es «o desexo de instrumentar a Xustiza por parte do seu grupo político».

---

---

---