El Concello de Ourense recauda 505.000 euros del edificio judicial

pepe seoane OURENSE / LA VOZ

OURENSE CIUDAD

El nuevo edificio judicial, al fondo, con el puente del Milenio en primer plano.
El nuevo edificio judicial, al fondo, con el puente del Milenio en primer plano. miguel villar< / span>

La licencia de ocupación, que probablemente será otorgada mañana por la junta de gobierno local, solo se concede tras el pago de impuestos y tasas aparejadas al permiso de obra a la Xunta de Galicia en el año 2010

25 feb 2015 . Actualizado a las 05:00 h.

Con cuatro años y cuatro meses de margen, algo inaudito si se trata de un particular, ha ingresado el Concello de Ourense las tasas municipales correspondientes al nuevo edificio judicial. La buena sintonía institucional de la que hicieron gala el presidente de la Xunta y el alcalde de Ourense, Alberto Núñez Feijoo y Agustín Fernández Gallego, se deja sentir hasta en ese detalle. El pago del impuesto de construcción (ICIO) y el permiso de obra tiene espera. No así la licencia de ocupación, por lo que ahora acaba de ingresar el Concello la nada desdeñable cantidad de 505.000 euros.

Concedida a la Consellería de Presidencia la licencia municipal de obra en la junta de gobierno del 7 de octubre del 2010, de acuerdo con un proyecto de los arquitectos Cristina Lago, Pablo Filgueira y Carlos Gil-Andrade, la sintonía no era precisamente lo que caracterizaba la relaciones entre la Xunta y el Concello. El gobierno gallego, de hecho, ralentizó entonces la adjudicación de las obras a la espera de que se solventara un conflicto judicial por las expropiaciones de los terrenos. Dio licencia de obra el gobierno local, pero la Xunta no llegó a desembolsar las tasas. Como ocurre con la ampliación del CHUO, por ejemplo, se condiciona la licencia de ocupación a ese pago. Ahora, rematada la actuación, la solicitud formal de licencia de ocupación, que con toda probabilidad concederá mañana la junta de gobierno, ha permitido liquidar una deuda de 489.000 euros: 333.000 del ICIO y 156.000 euros de la licencia. Un particular las debería haber pagado entonces.

Pasó casi un año entre la concesión de la licencia (octubre 2010) y la adjudicación de las obras por la Xunta (septiembre 2011) a la UTE formada por Agrupconsa y Copasa. Aún tardaron en comenzar. De hecho, con las obras ya adjudicadas, una sentencia en el ámbito de lo contencioso-administrativo anuló en febrero del 2012 la expropiación del solar, cuando ya había comenzado el movimiento de tierras para estas obras ahora finalizadas.

El edificio se construyó y aunque la licencia estaba condicionada al pago de las tasas, la sintonía institucional permitió un progreso adecuado. Ahora, sin embargo, para la licencia de ocupación era necesario que estuvieran abonadas las tasas anteriores. Sumadas 16.942 euros más, para la licencia de apertura solo falta otro acuerdo. Será mañana.

Las expropiaciones y el concurso de ideas del diseño dieron lugar a dos contenciosos

El de las expropiaciones no fue el único conflicto judicial que afectó -y retrasó los trámites, hasta que el Concello asumió el compromiso de hacer frente a cualquier eventualidad en el supuesto de una sentencia desfavorable- al desarrollo de esta iniciativa. También el proyecto fue motivo de otro contencioso. En este caso, promovido por Collarte Architects Studio, del ourensano Luis Collarte, contra la adjudicación por la Xunta en septiembre del 2009 del concurso de ideas para la construcción de este edificio. En su momento criticó este profesional entre otras cosas, que no se hubiera agotado la edificabilidad, como en su opinión exigían la convocatoria.

El equipo que ganó el concurso de ideas redactó, con posterioridad, el proyecto que obtuvo la licencia municipal. Para la ejecución material de la obra añadió la Xunta tres arquitectos más: Juan Iglesias Babío, Iván López Veiga y Jorge Barata Martínez. El equipo técnico de la intervención se completa con el aparejador José Luis Pardo y con José Luis Rodríguez-Portugal Maceda como coordinador de seguridad.

El otro conflicto, referido a las expropiaciones, aún no está cerrado. Queda por determinar el justiprecio que los expropietarios han de cobrar. Hay dos expedientes. Uno, que afecta a siete personas, está pendiente de sentencia en el TSXG. Sobre el otro, de dos expropietarios, aún no se ha pronunciado el jurado provincial de expropiaciones.

El BNG pregunta quien pagó el vino

La portavoz municipal del BNG, Susana García, presentó ayer un escrito al alcalde para constatar, en forma pregunta, si «acudiu a equipa de goberno á inauguración dun edificio que non ten licencia de ocupación». Se interesa la concejala nacionalista por el estado del expediente y pregunta qué administración pagó la inauguración, incluyendo el gasto en vino y servicio de cátering.