El juez limita a la exedila y al exalcalde Francisco Rodríguez la eventual responsabilidad penal por cinco contratos disfrazados bajo la fórmula de asistencias técnicas
27 ene 2015 . Actualizado a las 22:29 h.
La exconcejala de Urbanismo de Ourense, la socialista Áurea Soto, ya imputada en un asunto de prevaricación por el que le pide el fiscal diez años de inhabilitación, se asomó ayer a una segunda acusación. Va en este caso con el exalcalde Francisco Rodríguez, que abandonó el cargo al verse implicado en la operación Pokémon. El titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Ourense, Leonardo Álvarez, reprocha al exalcalde que no hubiese puesto fin a la situación generada por la irregular contratación de cinco trabajadores bajo la fórmula de asistencias técnicas. Considera el magistrado que Francisco Rodríguez sabía de la irregularidad entre el 2008 y el 2013, al ser advertido de forma reiterada por el interventor a través de numerosos reparos. Cree, además, que era «conocedor de que bajo la fórmula de asistencias técnicas se disfrazaba una relación laboral ordinaria, de tal manera que cada una de las facturas que mensualmente presentaba cada uno de los trabajadores contratados no era más que un sueldo mensual que este cobraba».
En el auto de transformación de las diligencias previas en procedimiento abreviado, que es el paso previo para que el fiscal y las partes personadas en la causa presenten sus propuestas de acusación o archivo, el juez ya deja fuera del procedimiento al actual alcalde, Agustín Fernández Gallego; a la responsable de personal, Carmen Rodríguez Dacosta, y a los exconcejales o exresponsables de rehabilitación del BNG Iolanda Pérez, Andrés García Mata, Alenxandre Sánchez Vidal, Xosé Somoza, Xosé Carballido, Manuel Herminio Iglesias y Fernando Varela.
El mero hecho de haber sido citados a declarar como imputados llevó a Iolanda Pérez a dejar un puesto de organización interna en Anova y a Xosé Somoza a renunciar a la condición de concejal del BNG en Ourense.
El juez limita las eventuales responsabilidades penales a Francisco Rodríguez y Áurea Soto. En el caso del exalcalde, por ignorar los reparos del interventor y mantener los pagos a los beneficiarios de las cinco asistencias técnicas, que acabaron consiguiendo estabilizar sus empleos por sentencias judiciales. Este era uno de los aspectos sobre los que el interventor alertaba en sus reparos. Sobre la exconcejala, cree el instructor que era perfecta conocedora de la situación irregular, «a pesar de lo cual no realizó la más mínima actuación encaminada a poner fin a esta situación que se prolongó hasta la llegada del nuevo alcalde». No se podía exigir a Agustín Fernández «que corrigiese esa situación irregular de un día para otro», por lo que el magistrado relativiza el hecho de que el actual alcalde hubiese levantado reparo y autorizado pagos al inicio de su mandato.
La resolución concede un plazo de diez días para que fiscal y acusación particular presenten sus respectivos escritos de acusación, pidan la apertura de juicio oral o soliciten el sobreseimiento de la causa. El auto conocido ayer es susceptible de recurso ante la Audiencia.
