Los afectados que ganaron el pleito contra el Concello urgen medidas
02 mar 2011 . Actualizado a las 06:00 h.Los vecinos de Reza que llevan años soportando el funcionamiento de la estación depuradora de aguas residuales, con los malos olores como uno de sus principales motivos de queja, vuelven a la carga. A pesar de que una sentencia firme declaró la ilegalidad de la instalación, con lo cual parecía condenada a dejar de funcionar, ahí sigue. Ahora, después de que una reciente resolución judicial haya negado la ampliación del período de gracia solicitado por el Concello de Ourense para que la depuradora pueda seguir abierta en tanto no se construya la nueva, los vecinos han acudido nuevamente al juzgado para reclamar el cumplimiento de la sentencia. Ni la más mínima satisfacción han recibido de la administración municipal.
Recuerdan los afectados que está a punto de cumplirse un año de un auto del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Ourense, que el día 10 de marzo del 2010 concedía un plazo de diez meses para el «total y efectivo cumplimiento» de la sentencia. Indican, además, que el plazo debe empezar a contar a partir del día siguiente al del requerimiento judicial al Concello, que se registró el 24 de marzo del 2010.
El plazo para ejecución de la sentencia, según razonan estos vecinos en el escrito dirigido al juzgado, finalizó el 24 de enero, «sin que el ayuntamiento procediese a la clausura de la depuradora de Reza.
Cumplir las sentencias
Al entender que «procede» finalizar la total y completa ejecución de la sentencia, reclaman los vecinos que «se ordene inmediatamente al ayuntamiento de Ourense la clausura total de la depuradora de Reza, toda vez que ya finalizó el plazo concedido por el auto de ese juzgado de 4-2-2010».
Los vecinos reclaman el efectivo cumplimiento de la ejecutoria 9/2008, correspondiente a la sentencia del procedimiento ordinario del juzgado de lo contencioso de Ourense que en diciembre del 2003 había anulado la licencia municipal concedida durante el mandato del PP, con Manuel Cabezas como alcalde.
Decía en la sentencia el entonces titular del juzgado, el magistrado Pedro Escribano, que «la administración demandada no ha realizado, ni antes ni ahora, el menor esfuerzo argumentativo ni sobre la necesidad de instalar la EDAR ahí y no en otro sitio, ni sobre la posibilidad de eliminar los riesgos y molestias denunciados para justificar la excepción del requisito general de distancias».
Es evidente, afirmaba también el juez en aquella misma sentencia, «que las molestias y riesgos derivados de la EDAR no solo no son inapreciables, sino que, muy al contrario, resultan en ocasiones insoportables».