El fiscal lo acusa de actuar de forma imprudente en un día de junio en el que había un índice de peligro muy alto
07 nov 2017 . Actualizado a las 05:00 h.Un delito de incendio forestal imputa el Ministerio Fiscal de Ourense a un hombre que ayer se sentó en el banquillo de los acusados del juzgado de lo penal. Miguel J. Q., se enfrenta a una petición de diez meses de cárcel y al pago de una multa, si se considera probado que actuó de forma imprudente y que su conducta provocó el incendio forestal que, el 30 de junio del 2016, se declaró en la localidad de Cortiñas, en el término municipal de Pereiro de Aguiar.
Según recoge el escrito de acusación de este caso, sobre las nueva y media de la mañana de ese día el imputado se dirigió a una finca de su propiedad, con la finalidad de quemar restos agrícolas. Explica el representante del ministerio público que «el acusado prendió fuego, con la omisión de las más elementales normas de cuidado, sin adoptar las medidas de seguridad necesarias previas», asegurando que eludió rodear el perímetro que se iba a quemar con un cortafuegos, y marchándose del lugar «sin cerciorarse de que el fuego estaba totalmente apagado». Esto habría provocado que, poco después de las dos de la tarde, las llamas se reavivasen, propagándose a fincas colindantes. Eso sí, la superficie calcinada no llegó a alcanzar una hectárea.
Considera el fiscal encargado de este caso que las condiciones meteorológicas de aquel día eran especialmente propicias para que se produjese un incendio forestal, ya que la temperatura superaba los 28 grados y la humedad relativa era del 43 %. «El índice de peligro era muy alto», recoge el escrito, que detalla que, tras reavivarse las llamas, fue necesaria la presencia de los servicios de extinción de la Xunta de Galicia.
Multa y pago de los gastos
Pese a que el acusado niega los hechos, el fiscal mantuvo ayer los cargos en su contra y reclamó que sea condenado como autor de un delito de incendio imprudente. Por ese cargo solicita diez meses de prisión, además del pago de una multa de 3.600 euros.
En caso de que sea condenado, el acusado también deberá abonar los gastos que supuso a las arcas del gobierno gallego la extinción del fuego. Ese gasto fue, en este caso, de 125 euros. Por su parte, la propietaria de la finca que se vio afectada por el fuego, renunció a su derecho a ejercer acciones civiles y penales contra el acusado.
El juicio por este asunto quedó ayer visto para sentencia a la espera de que la titular del juzgado dicte sentencia. El defensor del acusado solicitó su libre absolución.