«Los abogados son muy disciplinados con los temas de protección de datos»

La experta dice que el colectivo está entre los más afectados por los cambios legales


ourense / la voz

El tratamiento de la protección de datos es un asunto fundamental en nuestros días y los abogados ourensanos se lo han tomado en serio. De hecho, desde hace algunos meses está operativa en el colegio la figura de un delegado que vela por estos temas. El cargo lo ejerce Delia Pérez (O Irixo, 1963), experta en la materia.

-Esta es una figura nueva...

-Concretamente, se creó en abril del 2018, y se trata de un perfil de obligado cumplimiento por el Reglamento General de Protección de Datos. Pensemos que esta norma implanta un nuevo modelo de protección de datos que introduce un cambio radical en su planteamiento, tanto para entidades públicas como privadas. Como muestra de la importancia que tiene este cambio para la profesión, el Colexio de Avogados de Ourense fue pionero en la designación de esta figura, fundamentalmente para dar cobertura legal y asesoramiento a la propia entidad, así como facilitar y poner a disposición de sus colegiados la posibilidad de asesorarse.

-¿Qué funciones desarrolla?

-Mis funciones en el colegio las asumo con máxima responsabilidad y actúo siempre de forma independiente. Entre las más conocidas están las de informar y asesorar al responsable de tratamiento. También son importantes otras como la de realizar el análisis de riesgo. Con la ayuda del excepcional equipo del ICA Ourense, creo que estamos en condiciones de comunicarnos de un modo inmediato con los interesados.

-¿Genera muchas dudas este asunto entre los colegiados?

-No, dudas no, pero sí mayores cargas y responsabilidades, y fundamentalmente adaptar y generar un nuevo protocolo con respecto al tratamiento de datos de carácter personal. A decir verdad es un colectivo altamente sensibilizado y sus buenas prácticas ya los llevan a ser muy disciplinados con esta normativa. Eso sí, son conscientes de que con el nuevo reglamento se pasa de un modelo basado en el mero cumplimiento de los preceptos de la Ley a otro de responsabilidad proactiva, en el que no se trata solo de cumplir la norma, sino de que cada despacho tiene responsabilidad como responsable de tratamiento y deberá de ser capaz de identificar las medidas que tiene que adoptar para garantizar la protección de los derechos de los interesados.

-¿Cuáles son las cuestiones más frecuentes que se plantean?

-Lo más habitual son las consultas y asesoramiento sobre casos concretos a través del propio colegio. Hay que tener en cuenta que el de la abogacía es uno de los sectores más afectados por los cambios legales. Por un lado porque el tipo de datos sensibles que manejan les obligan aplicar medidas más estrictas y elevadas en cuanto a los trámites cotidianos de su actividad, dotándose de las medidas técnicas y organizativas adecuadas. Y también incide el hecho de que el profesional de la abogacía deberá ser capaz de ofrecer a sus clientes el asesoramiento adecuado que van a necesitar para cumplir adecuadamente la nueva normativa, por consultas que puedan tener que atender, o bien casos de defensa o acusación en el que intervenga la interpretación del tratamiento de datos de carácter personal.

-¿Se reciben denuncias de particulares por incumplimiento?

-Muchas más solicitudes de asesoramiento e inquietud que denuncias. Realmente todos hicimos un gran esfuerzo para ponernos al día en el cumplimiento de normativa vigente. La gente para no incumplir se asesora, somos mucho más civilizados de lo que parece y diría que también prudentes.

-Hay pocas quejas, entonces...

-Sí se producen denuncias ante los responsables de tratamiento y quejas y reclamaciones ante las propias autoridades de control, pero el ánimo que observo es el de hacer las cosas bien, y eso quiere decir que somos una sociedad madura en esta materia. Ahora bien, también es cierto que el reglamento establece los criterios generales para la aplicación de sanciones tremendamente severas y eso también nos hace ser más razonables. Hay conductas que pueden dar lugar a sanciones de hasta 20 millones de euros. Si las autoridades de control consideran que un responsable ha llevado a cabo una conducta que en principio puede ser infractora, seguramente le caiga una sanción, que no le quepa a nadie la menor duda de ello.

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