La secretaria de O Carballiño dice que seguía la legalidad «excepcionalmente» a la hora de contratar personal

Marta Vázquez Fernández
m. vázquez OURENSE / LA VOZ

O CARBALLIÑO

R.Veiga.POOL

La funcionaria aseguró que advirtió verbalmente de las irregularidades tanto a Pachi Vázquez como a su sucesor, Carlos Montes

24 nov 2020 . Actualizado a las 16:37 h.

La gran duda sobre la que gira el caso que ha llevado al banquillo de los acusados al exsecretario general de los socialistas gallegos, Pachi Vázquez, y a otros cuatro acusados, acusados de prevaricación continuada es si todos los contratos temporales que se firmaron en el ayuntamiento de O Carballiño durante su etapa como alcalde, y en años siguientes, se hicieron siguiendo las pautas legales que obligan a respetar los principios de igualdad, mérito y capacidad. Y ese martes la que desde el año 2004 ostenta la plaza de secretaria en ese ayuntamiento, María Eugenia Pérez Antón, puso en duda que se hubieran hecho siempre las cosas bien. La primera testigo de este caso, que se investiga desde el 2014 y que pone en duda la legalidad de 60 contratos a trabajadores, aseguró que «excepcionalmente» se seguía ese procedimiento a la hora de engrosar la lista de trabajadores municipales. Aunque en su declaración se mostró dubitativa sobre muchas de las cuestiones que se le plantearon, llegando a tener la magistrada que advertirle sobre su falta de memoria, la funcionaria reconoció que no se le pedía asesoramiento alguno a la hora de realizar contrataciones y que se enteraba porque «lo oía en el ayuntamiento». Preguntada expresamente por la fiscala sobre si se garantizaba que todos los contratados cumpliesen con los méritos exigidos por ley, guardó primero silencio, aclarando más tarde que «algunos excepcionalmente» se cubrían con los procedimientos marcados en la ley, según los cuales se debía publicar el anuncio en prensa y hacer un proceso de selección de candidatos para elegir finalmente al más idóneo. «Con el resto no sé qué se hacía, no me acuerdo», aseguró, reconociendo más tarde que «en la gran mayoría de contrataciones no se respetaba el procedimiento». Admitió además haber advertido de palabra tanto a Pachi Vázquez, alcalde de hasta 2005, como a su sucesor, Carlos Montes, de esas «irregularidades administrativas» si bien tampoco recordaba si esto propició que se hicieran las cosas de otra manera o no a partir de esa llamada de atención. «Yo solo daba fe pública, pero los acuerdos ya estaban adoptados; a mi me daban a firmar los decretos, pero primero los rubricaba el alcalde», constató, dejando entrever un escaso peso de su figura, pese a que legalmente era, y es, la «máxima responsable jurídica» del ayuntamiento.

A preguntas de la defensas la secretaria aseguró, eso sí, que nunca se le dieron instrucciones para contratar a nadie y que la Inspección de Trabajo no vio nunca nada irregular. Eso sí, cuando la Fiscalía le pidió que remitiera los expedientes de las contrataciones de las 60 personas ahora cuestionadas, emitió un certificado en el que ratificó que no constaban. Las defensas sostienen que esos documentos, que probarían que se siguieron los cauces legales en las contrataciones, se localizaron más tarde e incluso la propia secretaria aseguró que algunos «fueron apareciendo».

Se publicaban ofertas

Silvia Alonso, que se incorporó al Concello de O Carballiño en 1998 como asesora jurídica y que ejerció de secretaria accidental, nombrada por el alcalde, entre 2000 y 2004, dio una versión distinta sobre cómo se trabajaba en la corporación. Aseguró que se seguían los cauces legales, publicando las convocatorias de ofertas de empleo, y que si se trataba de contratos sufragados con fondos ajenos «se ajustaba a las bases reguladoras», eligiendo luego al candidato mas idóneo y publicándose finalmente los decretos. Ella misma dijo haber participado en algunas de esas comisiones de valoración, negando haber observado alguna irregularidad. «Por muy bien que te caiga un alcalde, si percibes o tienes constancia de un delito hay que denunciar», advirtió.

El caos del archivo: del IBM 386 a las 200 cajas con papeles en una nave de A Uceira

La forma en la que se custodiaban en el Concello de O Carballiño los expedientes del personal y otro tipo de documentación fue objeto de examen en la segunda sesión del juicio, en el que se llamó a declarar a las dos personas que ejercieron como responsables del archivo municipal. Uno de ellos, que estuvo en ese puesto desde 1998 hasta 2010, aseguró que registraba de forma pulcra toda la documentación que se le entregaba, y que incluso lo registraba todo en un ordenador arcaico que le habían cedido, un IBM 386. En aquellos años el archivo estaba situado en la segunda planta de la casa consistorial. «Los expedientes se guardaban en cajas de cartón, era fácil encontrarlos», dijo Emilio Álvarez, ya jubilado. Eso sí, todo indica que cuando él dejó el puesto, las cosas cambiaron. Le sucedió otro trabajador que antes había sido policía local y que, él mismo lo admitió ante las partes, de archivar no sabía nada. «Me daban papeles y les hacía un hueco, no hacía nada» reconoció. Además, para entonces parte del archivo se había trasladado a una nave de A Uceira, donde se guardaban 200 cajas con documentos. En 2014 la secretaria le ordenó buscar los expedientes de los procesos selectivos ahora cuestionados y recuerda que incluso consultó en el viejo IBM para localizarlos. «De algunas personas aparecieron, pero de otras no», explicó.

La Fiscalía pide diez años de inhabilitación para Pachi Vázquez

M.V.

Entre los años 2000 y 2009 el Concello de O Carballiño, en manos de un gobierno socialista, se convirtió en una oficina de empleo en la que se firmaban contratos para cubrir todo tipo de puestos de trabajo: peones de obra, auxiliares de ayuda a domicilio, trabajadores del servicio de limpieza, chóferes, albañiles, carpinteros, limpiadores, monitores deportivos e incluso policías locales eran «fichados» por los responsables de la corporación con acuerdos temporales sobre los que la Justicia ha puesto la lupa. Tanto es así que, cinco años después de que se pusiera la primera querella por este asunto, la Fiscalía de Ourense acaba de presentar el escrito de acusación contra quienes en aquellas fechas tenían responsabilidad en el ayuntamiento carballiñés. Entre ellos se encuentra Manuel Vázquez Fernández, exlíder de los socialistas gallegos y alcalde de la localidad desde 1995 hasta el 2005. La Fiscalía de Ourense le imputa un delito continuado de prevaricación por haber suscrito aquellos contratos saltándose los parámetros legales, solicitando para él una condena de diez años de inhabilitación.

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