El político de O Carballiño y el exalcalde de la capital serán juzgados en unos meses
15 jun 2020 . Actualizado a las 05:00 h.La reapertura judicial tras el parón por el covid-19 ha devuelto a la vida asuntos judiciales que se tramitan desde hace años en los juzgados ourensanos y que ahora se reactivan. Hay miles de casos pendientes pero algunos de ellos sentarán en el banquillo en los próximos meses a personajes que tuvieron en su día una enorme responsabilidad política municipal y a otros que siguen en activo en la vida pública.
Así, en la Audiencia provincial están pendientes de señalar la fecha del juicio contra Manuel Cabezas, exalcalde de Ourense por el PP, y el que fuera su edil de urbanismo, Ricardo Campo Labrador. A los dos se les imputa por parte de la Fiscalía de Ourense y la acusación popular, que ejerce la exedila socialista Áurea Soto, impulsora del caso, los delitos de malversación de caudales públicos y prevaricación, por los que se les reclaman siete años de prisión y fuertes multas económicas. El origen del asunto, su presunta actuación ilegal por no pedir a diversos promotores que ejecutaron quince proyectos de obra en la capital ourensana entre los años 1997 y 2002, la cesión del 10% del suelo para fines municipales.
Este mismo mayo la Audiencia tumbó los últimos intentos de los investigados para evitar el juicio, por lo que ahora ya solo queda señalar fecha para que sea este mismo tribunal quien, en su caso, dirima responsabilidades civiles y penales derivadas de unas actuaciones que, según el Consello de Contas, provocaron un perjuicio de 1,6 millones de euros a las arcas municipales.
Y después de meses parado también se ha reactivado en los últimos días el caso contra el exlíder de los socialistas gallegos, hoy en Espazo Común. Manuel Vázquez Fernández y otros cuatro acusados con responsabilidades en el gobierno de O Carballiño entre 2000 y 2009, responderán ante la magistrada del Juzgado Penal 2 de Ourense por un delito continuado de prevaricación que les imputa la Fiscalía. Esta parte reclama diez años de inhabilitación para Vázquez, ahora concejal en O Carballiño, tras poner la lupa sobre sesenta contratos efectuados durante su mandado como alcalde y el de su sucesor, Carlos Montes, también imputado junto a otros tres ex cargos municipales. Según la acusación «los contratos de duración determinada fueron realizados por los investigados en representación del Concello con ausencia total del procedimiento existente a tal fin o sin atender a los principios de igualdad, mérito y capacidad que deben inspirar la contratación pública». La gran mayoría de esas relaciones laborales devinieron en contrataciones indefinidas ante la prolongación en el tiempo de los acuerdos, constatándose hasta dieciocho contratos a una misma persona. Y es que muchos de aquellos «enchufados» presentaron demandas en los juzgados de lo social tras el cambio de gobierno, y las ganaron.
El juicio contra un futbolista por agresión sexual se tuvo que posponer en la pandemia
Diariamente han sido decenas los juicios que se han tenido que suspender en los distintos juzgados ourensanos a causa del coronavirus. La declaración del estado de alarma obligó, a partir del 14 de marzo, a aplazar todas las vistas señaladas y en el caso de los juzgados penales ourensanos, dejó en el limbo algunos asuntos importantes, como el que sentará en el banquillo de los acusados a un futbolista, al que se acusa de un delito de agresión sexual hacia a una mujer.
El juicio se había señalado para el 20 de mayo, pero dado que en esas fechas las sedes judiciales permanecían cerradas, de hecho las vistas se han reanudado este mismo viernes, fue necesario posponerlo, por lo que ahora se buscará una nueva fecha para la vista oral contra Álvaro López Ratón. El futbolista del Zaragoza, natural de O Carballiño, tendrá que responder ante la jueza del Juzgado Penal 1 de Ourense del delito de agresión sexual que se le imputa y por el que las partes reclaman penas de hasta cuatro años de cárcel por unos hechos ocurridos, presuntamente, en la madrugada del día de San Juan del 2018. Según las acusaciones el investigado y la víctima coincidieron en un local de O Carballiño, localidad a la que había acudido el futbolista a pasar unos días de vacaciones para visitar a su familia y ver a su novia. Allí, él la habría agredido sexualmente, según ella denunció posteriormente. El guardameta fue detenido por agentes de la Guardia Civil, declarando posteriormente en el juzgado. Siempre ha negado los hechos. La fiscalía pide dos años de cárcel y la acusación particular reclama cuatro.