La medida, ya implantada en Ribadavia, afecta a estaciones con 100.000 viajeros al año
26 ene 2017 . Actualizado a las 05:00 h.Desde hace semanas, el comité de empresa del ADIF (Administrador de Infraestructuras Ferroviarias) venía alertando de los planes de la compañía de suspender la venta anticipada de billetes en varias estaciones de la provincia. Esa medida ya fue aplicada en la de Ribadavia hace días -La Voz de Galicia recogió este martes las quejas de los usuarios- y en próximas fechas también bajarán la persiana las ventanillas de las terminales de O Carballiño, O Barco de Valdeorras y A Rúa-Petín.
Tras las advertencias previas, la confirmación oficial llegó a los trabajadores del ADIF por medio de una carta firmada por el jefe de Recursos Humanos de la compañía, Juan Carlos Villalba González. La misiva, dirigida al presidente del comité de empresa provincial y fechada a día 23, informa de que «en breve se comunicará la fecha exacta en que nuestro personal de circulación dejará de realizar tales funciones», en referencia a la comercialización presencial de billetes. «A partir de ese momento, por tanto, en las estaciones de O Carballiño, A Rúa-Petín, Ribadavia y O Barco de Valdeorras, la gerencia de área de tráfico solo realizará las actividades relacionadas con la función circulación».
Por las estaciones ourensanas afectadas pasaron durante el año 2016 (hasta noviembre) 94.200 personas, una cifra que, según los datos del comité de empresa, se elevó hasta los 103.582 usuarios con el ejercicio rematado. El número de billetes vendidos que sumaron en el año 2016 esas cuatro estaciones está próximo a los 50.000. La recaudación mensual que se generó oscila entre los 350 euros de Ribadavia y los 15.614 de O Barco de Valdeorras. Las ventanillas de O Carballiño y A Rúa-Petín facturaron una media de algo más de 12.000 euros cada una al mes.
La suspensión de la venta presencial de billetes se debe, según el comité de empresa, al trasvase de esas operaciones de ADIF a Renfe-Viajeros. El primer paso se dará, según la información facilitada a los trabajadores, en las citadas estaciones -así como en las de Guillarei (Pontevedra) y Sarria (Lugo)- donde los trabajadores compatibilizan labores de gestión del tráfico ferroviario con la venta de billetes de larga y media distancia». En Ribadavia ya han dejado de realizar esa segunda función y lo mismo ocurrirá «en breve» en O Barco de Valdeorras, O Carballiño y A Rúa-Petín. En una segunda fase, el personal comercial de ADIF en las estaciones de las principales ciudades españolas y gallegas, entre ellas la de Ourense-Empalme, pasarán también a Renfe-Viajeros.
Esta operación ya ha sido criticada por los sindicatos. CGT censura el modelo ferroviario que implica, «baseado en estacións fantasmas sen persoal con máquinas autovenda e sen presenza humana que atenda os viaxeiros, deixando a importantes núcleos de poboación sen o servizo de información e venda de billetes presencial». Según dicen, en muchos casos las estaciones quedarán totalmente sin personal ya que el nuevo reglamento de circulación ferroviaria, que entró en vigor el pasado día 19, permite que sea personal de los propios trenes los que den la salida a los mismos.
Los alcaldes de los municipios afectados ven un «ataque al rural»
«Cada día, una dentellada más para que la gente se vaya a la ciudad. Tienen que decidir si el rural existe o lo cerramos». Así reaccionaba ayer Alfredo García, alcalde de O Barco, a la confirmación de la suspensión de la venta anticipada de billetes en la estación de la localidad. Según dice, el servicio llevaba tiempo resintiéndose. García alerta de que «medidas como esta llevan a la desertización del interior de Galicia». En la misma línea se manifestó el regidor de Ribadavia, Ignacio Gómez, que señala que el AVE no debe ser una excusa para dejar sin servicio a localidades como la suya: «Hai poucos anos, antes da crise, vendíanse 20.000 billetes ao ano e non é de recibo que agora nos deixen só cun apeadeiro».
El PSOE, a través de su parlamentaria Noela Blanco y su portavoz provincial Francisco Fraga, anunció una estrategia conjunta para defender los intereses de los municipios afectados y Alexandra Fernández, de En Marea, preguntará en el Congreso.