En Ourense, A Veiga y O Bolo son dos de los concellos con el ratio más elevado de camposantos
31 oct 2019 . Actualizado a las 05:00 h.«En el siglo diecinueve se prohíbe enterrar a los muertos dentro de los templos y ahí es cuando empiezan a aparecer poco a poco los cementerios municipales», dice Francisco Durán, decano de la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad de Santiago de Compostela. Todo comenzó a raíz de una cédula emitida por la Corte de Carlos III en el año 1787, pero el proceso no fue sencillo y hubo que poner de acuerdo a las autoridades religiosas y las civiles.
En la provincia, sin una cifra concluyente y amén de las instalaciones administradas por los Concellos, se estima que actualmente hay 938 cementerios parroquiales adscritos a las diócesis de Ourense y Astorga -735 en la primera y 203 en la segunda-, cifras que suelen coincidir con el número de parroquias pero que no implican que en cada una de ellas exista uno. De hecho, hay áreas que engloban varios.
Un estudio realizado por el científico de datos Dominic Royé, formado en la Universidad de Santiago de Compostela, incide en las particularidades del norte de España en comparación con otras regiones del país. «Me inspiré en un trabajo sobre el número de cementerios existente en los Estados Unidos tras la Guerra de Secesión», dice.
Pero en Europa, con una historia y una geografía diferente, áreas donde predominan el rural y la montaña dibujan otra realidad y otra forma de entender la muerte. Su culto. Y también la distribución de los lugares para enterrar. «La división de la parroquia es algo muy gallego. En Andalucía, por ejemplo, la población está más concentrada en un pueblo. Por eso en el sur cae el ratio de cementerios por cada 1.000 habitantes», explica.
La utilidad de la geolocalización
El mapa trazado por Royé se ha inspirado en datos recabados del Instituto Galego de Estadística (IGE) y también por geolocalización. «En la estructura de distribución de los cementerios de Ourense, por sus pueblos con sus iglesias, se ven ciertas similitudes con el norte de Portugal, con superficies de territorio muy parecidas», determina.
Según su estudio, el ratio más elevado de cementerios en la provincia se encuentra en A Veiga, con una media de 13 camposantos por cada 1.000 habitantes, un panorama casi idéntico al del concello de O Bolo. Pero como casi siempre en estos casos, todo tiene su parte relativa. A Veiga y O Bolo tienen 904 y 917 habitantes, según los datos del IGE del año pasado. En Chandrexa de Queixa, con 466 vecinos, habría una proporción de 12 cementerios para las nueve parroquias que recoge la diócesis de Astorga sus archivos. Y en Montederramo, con 722 almas, se estima que hay un ratio similar, aunque eso no equivale necesariamente a que haya doce necrópolis en la zona porque el número de ciudadanos influye en el dato final.
Dispersión del territorio
En este sentido, hay otro matiz importante: las divisiones territoriales. Desde la diócesis de Astorga, que comprende territorios de la provincia de León y Ourense, palpan diferencias vinculadas a la geografía física en ambas zonas. Por ejemplo, en el sureste de Galicia, la influencia de los macizos montañosos en la dispersión de la gente tiene su relevancia. «En León es habitual que cada pueblo tenga su cementerio. Pero en Galicia puede haber varios en los denominados lugares, dentro de una parroquia. Con lo que, a veces, el número allí es mayor», dicen.
Francisco Durán señala que el paisaje de Ourense es precisamente el de la «atomización parroquial». E indica que, pese a las singularidades de Galicia en el vínculo con el más allá, la pirámide demográfica ourensana y el envejecimiento de la provincia no tienen por qué ir ligados a la ampliación de cementerios en las zonas más apartadas. «Hay una dinámica de concentración de la población hacia el mundo urbano, y el rural se está apagando», ilustra.
«En Galicia, la mejora estética y ampliación de cementerios llegó en los sesenta»
La aparición de los cementerios municipales en el panorama autonómico -caso de los tres de Ourense, Bande o Ribadavia, entre otros- no se llevó a cabo de la noche a la mañana. Francisco Durán, decano de la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad de Santiago de Compostela, explica que la decisión de no enterrar a los muertos en los templos se ejecutó por razones sanitarias, y fue tomada por los ayuntamientos. «En Santiago, por ejemplo, hay archivados un montón de pleitos de la época por la cantidad de gente que quería hacerlo en San Roque y a la cual le exigían que fuese en las afueras de la ciudad», compara Durán.
El miedo al regreso de la peste y la proliferación de las teorías higienistas durante el siglo diecinueve también tuvieron influencia en el paso definitivo para que los concellos dispusiesen de instalaciones mortuorias. Curiosamente, estas teorías impulsaron, en los primeros proyectos y a menor escala, la desecación de la lagoa de Antela del siglo pasado, por el miedo a que el agua estancada pudiese ser un foco de enfermedades infecciosas.
Francisco Durán explica que es alcanzando la década de los 60 cuando se experimenta un auge en las ampliaciones de cementerios en las ciudades gallegas y también se ejecutan las mejoras estéticas. «Los recintos que existían por aquel entonces eran muy pequeños y solían estar pegados al atrio», concreta. Pero mucho antes, para que pudiesen iniciar su actividad, se ocuparon espacios libres tras las progresivas desamortizaciones ejecutadas en el país.