UU.AA. pide a la Xunta que cese al presidente de la D.O. Valdeorras por estar investigado

El sindicato ratificó ante el juez su denuncia contra Pando


o barco / la voz

«Simplemente vimos a ratificar a denuncia que temos presentada, porque vistos os resultados da auditoría, pensamos que hai irregularidades na xestión». Así hablaba el responsable de agricultura de Unións Agrarias, Xosé Ramón González, antes de entrar a declarar en un juzgado de O Barco para ratificar la denuncia que el sindicato presentó en octubre contra el actual presidente del Consello Regulador da Denominación de Orixe Valdeorras, José Luis García Pando (por su anterior etapa al frente del organismo), Vicente Solarat (que fue elegido para el cargo tras la dimisión de Pando en 2015), y el director técnico y la secretaria del consello.

El juzgado admitió la denuncia por administración desleal; descartando los delitos de apropiación indebida, contra la hacienda pública y falsedad documental que también esgrimía el escrito de Unións Agrarias. Refrendan sus acusaciones en los datos surgidos de las auditorías encargadas por el pleno del propio consello regulador en la etapa en la que cooperativas y sindicatos tenían el control.

Además, González aprovechaba para volver a pedir (como ya hiciera al presentar la denuncia) a la Consellería de Medio Rural que tome cartas en el asunto. «Agora que hai un xuíz que di que hai posibles delitos, esas persoas non poden estar un minuto máis á fronte do consello regulador», decía; para ahondar en que desde el sindicato velan por los intereses de los viticultores. «Entendemos que todo isto é desagradable pero necesario porque aos viticultores failles falta claridade», explicaba el responsable sindical. Y añadía: «É o momento de falar desde a Xunta para intervir este consello regulador e poñer ao fronte xente independente, que non estea manipulada polo sector industrial, e xente que represente os intereses de todos, dos produtores e das adegas». No quiso hablar de una figura concreta, de si un nuevo presidente o una gestora. Además, reclamaba que la Xunta investigue también por su cuenta las irregularidades que ellos denuncian.

Resguardando la presunción de inocencia para los cuatro investigados, González defendía que una vez abierto el proceso judicial contra ellos, no deberían seguir en sus puestos. «Non dicimos que xa están condenados ou inhabilitados, iso haberá que velo -respondía-. Pero non están lexitimados».

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