La falta de atención frustra todas las reclamaciones por caídas en la calle
O BARCO DE VALDEORRAS
El año pasado seis ourensanos pidieron cerca de 300.000 euros por sus accidentes
04 abr 2016 . Actualizado a las 05:00 h.Las reclamaciones de indemnizaciones por daños o pérdidas por importes superiores a 15.000 euros que se dirigen contra los ayuntamientos de la comunidad pasan obligatoriamente por el Consello Consultivo de Galicia, que estudia caso a caso como paso previo a la vía judicial. Si alguien tropieza, por poner un ejemplo, con una acera defectuosa, puede reclamar una contraprestación a la Administración responsable del espacio público en el que ocurrió tal percance. De hecho, la mayor parte de los casos que llegan al Consello Consultivo tienen que ver con ciudadanos que se cayeron en la calle y que reclaman una compensación por el perjuicio que les supuso tal accidente, del que culpan a fallos en el mantenimiento de los espacios públicos, que depende de los concellos. El citado órgano consultivo emitió durante el año pasado seis informes sobre otras tantas reclamaciones presentadas por vecinos de la provincia de Ourense y en todos los casos su dictamen fue favorable a los ayuntamientos por entender que la falta de atención de los afectados fue determinante en sus caídas.
Así se frenaron, por la vía administrativa, todas las demandas. Cinco tenían que ver con incidentes que tuvieron lugar en la capital ourensana y la restante, en O Barco de Valdeorras. En todos los casos ambos ayuntamientos desestimaron inicialmente las reclamaciones económicas pretendidas por los afectados y esas entidades, para refrendar su decisión, solicitaron el preceptivo informe del Consello de Consultivo. Tras analizar los exámenes médicos, los testimonios de los testigos de los supuestos accidentes y las investigaciones realizadas al respecto por las respectivas policías locales o incluso por la Guardia Civil, ese organismo determinó el año pasado que todas las reclamaciones presentadas por ciudadanos ourensanos no estaban justificadas debido a su falta de atención a la hora de caminar. Los ayuntamientos se libraron así de pagar casi 300.000 euros. A los reclamantes les queda entonces recurrir a los juzgados ordinarios.