O Barco ofrece un aula exclusiva a Tráfico para poder informatizar el teórico

María Cobas Vázquez
María Cobas O BARCO

O BARCO DE VALDEORRAS

Los tres partidos políticos consensuaron una declaración institucional tras el anuncio de centralización de las pruebas

21 jul 2015 . Actualizado a las 05:00 h.

El Concello de O Barco está dispuesto a ceder un aula para uso exclusivo de Tráfico con el objetivo de que pueda informatizarla y usarla así para adaptar los exámenes teóricos, y que dejen de hacerse en papel (como en la actualidad) para realizarse en ordenador. 

El alcalde en funciones, Tino Alonso, hizo el anuncio después de mantener un encuentro con los portavoces del resto de grupos políticos, Arsenio Moldes (PP) y Félix García (Riada Cidadá), en el que consensuaron una declaración institucional sobre la anunciada centralización de los exámenes teóricos del carné de conducir. El hecho de que Tráfico rectificase apenas tres días después de haber advertido a autoescuelas y Concello de que en agosto dejarían de hacerse los test en O Barco, no evitó la reunión. De hecho, el primer punto del texto acordado recoge que los partidos políticos consideran necesario seguir vigilantes. Creen que el gobierno lanzó un «globo sonda» sobre la centralización y que dio marcha atrás ante la fuerte contestación social que la medida tuvo en toda España (ya que el objetivo era centralizar las pruebas en las oficinas de la DGT, lo que en muchos casos significaba hacerlas únicamente en las capitales de provincia). 

Además, el Concello «móstrase disposto a colaborar coa DGT para lograr o mantemento dos exames», recoge finalmente el texto. En este sentido, Alonso matizó que «se desde a DGT pediran un espazo exclusivo, por falta de colaboración non vai ser. Atoparíamos unha solución».

El portavoz del PP, Arsenio Moldes dijo que desde el partido «esperamos que sigan aquí» los exámenes. Félix García, de Riada Cidadá, dijo no entender por qué no se pueden hacer los exámenes a ordenador en la comarca, «cando funciona a Uned e non hai filtracións» u otros servicios como Hacienda o bancos. Consideró que «é unha política dedicada a desmantelar os servizos sociais sen pensar nos perxuizos que ten».

La declaración institucional será enviada a la DGT, al Gobierno de España. Además, se mandará también a los concellos de la comarca por si quieren adherirse.