La tala de árboles en una finca de Santo Estevo llega a juicio por un presunto hurto
NOGUEIRA DE RAMUÍN
Los ecologistas habían denunciado la corta de robles centenarios pero lo que se juzga es la venta posterior de la madera
23 nov 2021 . Actualizado a las 05:00 h.La tala de árboles en una finca situada cerca del monasterio parador de Santo Estevo de Rivas de Sil, en Nogueira de Ramuín, generó en la primavera del 2019 una polémica entre grupos ecologistas y las administraciones y ahora tiene una derivada judicial.
Más de una decena de personas esperaban ayer en el pasillo de la sala de vistas del Juzgado de lo Penal 1 tras ser citados para aclarar lo ocurrido con aquella tala, que fue denunciada y se instruyó como un presunto delito de hurto.
En su día, los ecologistas denunciaron que aquella tala acabó con 45 robles, algunos centenarios. La denuncia administrativa ante Medio Rural presentada por Amigos da Terra y la Sociedade Galega de Historia Natural no tuvo consecuencias porque la corta se hizo en suelo de núcleo rural y no rústica por lo que no hubo sanción para el propietario.
Sin embargo, el dueño de la finca Tapada dos Frades, de la que era copropietario junto con otros familiares, y un empresario maderista tendrán que responder penalmente por un presunto delito de hurto. La fiscalía aprecia indicios de este delito y se apoya la acusación en documentos como que el investigado recibió una notificación del Concello de Nogueira de Ramuín en marzo del 2019 para que limpiara el terreno y eliminara «piñeiros, eucaliptos y acacias que estaban a menos de 50 metros de las viviendas». El mandamiento municipal se atenía a la ordenanza reguladora de limpieza de solares y espacios públicos para la prevención de incendios forestales.
Sin embargo, y esto será lo que se tenga que aclarar para saber si hubo delito de hurto, ese propietario contactó con el otro acusado para realizar la tala de los árboles y posteriormente ambos vendieron la madera, según sostiene la fiscalía. De la venta de 37 robles y nueve pinos, «algunos de más de cien años y de hasta 300, que se encontraban en un espacio protegido» los acusados obtuvieron 5.124 euros. Los otros propietarios reclaman que se apoderaron injustamente de esa madera y de ahí la denuncia penal. La fiscalía solicita diez meses de prisión.
Pese a la presencia de testigos y acusados, el juicio se aplazó pues no se había citado a la empresa maderera que hizo la corta y a su aseguradora.