«Tengo la conciencia tranquila», dice Cid Harguindey, acusado de apropiación

Un antiguo socio del exalcalde de Verín le pide 14 años de cárcel por unos hechos del 2008


ourense / la voz

Visto para sentencia ha quedado en la Audiencia provincial el juicio contra Santiago Cid Harguindey. El exalcalde de Verín, de 73 años, se enfrenta a una petición de condena de 14 años de prisión, por la presunta comisión de varios delitos societarios y de apropiación indebida que le imputa un socio de una empresa de la que formó parte hace años, Mirador de Monterrei. De hecho, los hechos sobre los que ahora deberá deliberar el tribunal ocurrieron en 2008. «Tengo la conciencia tranquila, yo consulté todo», dijo en su derecho a la última palabra, con la que se cerró una vista que se ha celebrado en dos sesiones.

En la última el único testigo que declaró, en calidad de perito ya que es arquitecto, fue el actual alcalde de Verín, el socialista Gerardo Seoane, quien no había acudido a la anterior citación. Precisamente, el presidente del tribunal le reprochó aquella ausencia, que el regidor justificó por problemas de salud. Luego, contestó a las preguntas de las partes en relación con la tasación que hizo de una finca sobre cuya venta se discute en este juicio. «Hice una valoración objetiva, se trata de un suelo rústico en el que no se puede hacer nada», alegó Seoane a preguntas de la acusación particular, que cuestionó su imparcialidad a la hora de tasar un terreno que Mirador de Monterrei había vendido por 300.000 euros y que, según aquel informe, valía 150.000. Esa es, precisamente, la cantidad que la acusación particular reclama a Cid Harguindey, a quien acusa de apropiación indebida por no haber entregado a la sociedad la mitad del dinero de aquella operación, ocultando además esa operación en las cuentas anuales de la sociedad. Durante la primera sesión del juicio, el ex político había alegado que nunca se cobró el total de la operación, sino solo la mitad, y que la finca no llegó a ocuparse porque se descubrió que tenía un arrendador.

En cualquier caso, el letrado de la acusación particular lo culpó de haber «urdido una trama» para ocultar el dinero a la sociedad, hoy en día ya extinguida, y pidió una sentencia condenatoria. «Ya había decidido quedarse con 150.000 euros por los conflictos que mantenía con su socio», dijo el letrado.

Mucha menor es la pena que reclama en este asunto el Ministerio Fiscal. Esta parte solo aprecia en los hechos un delito de apropiacion indebida por el que reclama un año y medio de cárcel para Harguindey, al que acusa de haberse quedado con 1.960 euros procedentes de la devolución de la provisión de fondos que Mirador de Monterrei había dado a un perito para que tasara unas fincas. El acusado señaló que ese dinero le correspondía a él como pago por haber colaborado en la tasación de los terrenos, si bien el perito negó que hubiese participado en los trabajos y aseguró que el encausado recibió el dinero, si bien debía devolverlo a la empresa. «Ha quedado probado que ese dinero debía haber vuelto a las cuentas de la empresa», dijo la fiscal del caso, que además de la pena de prisión reclama que el imputado entregue ahora esa cantidad.

Para la defensa, sin embargo, no existen pruebas que demuestren la culpabilidad del acusado. En su alegato final el letrado de Harguindey reconoció que la empresa Mirador de Monterrei, que montaron cuatro socios «apenas tuvo actividad», siendo la venta de la finca ahora cuestionada una de las principales operaciones que acometio. Dado que cada uno residía en una ciudad, era habitual que las cuentas «se aprobasen por teléfono», dijo esta parte, quien dijo que esos números siempre estuvieron depositados en una gestoría y que el denunciante bien podía haber ido a estudiarlas allí. Sobre el dinero de la tasación, dijo que su cliente sí participó en los trabajos, y sobre la finca, insistió en que su valor era menor del que se pensaba. Pidió la libre absolución.

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