Unións Agrarias pide controles estrictos para evitar uva foránea
25 ago 2017 . Actualizado a las 05:00 h.Unións Agrarias prevé una vendimia complicada y con amenazas importantes a los ingresos de los viticultores ourensanos de las cuatro denominaciones de origen ourensanas. Así lo afirmaba ayer José Ramón González, responsable de agricultura de Unións Agrarias que, acompañado de Mariano López, representante del sindicato Ribeira Sacra, analizó la campaña que se avecina. El sindicato, que ha rectificado su previsión inicial de pérdidas tras las heladas de primavera, cifrándola ahora en un 61% de pérdida global -Monterrei tendrá una merma del 75%, mientras que Ribeira Sacra estaría en el 50%- teme que los reiterados mensajes de los últimos días sobre la recuperación del fruto en algunas de las fincas dañadas pretenda crear una sensación de normalidad que no se ajusta a la realidad.
«O presidente do consello de Ribeira Sacra manifestou publicamente que a colleita sería de seis millón quilos», matizó Mariano López como ejemplo. Unións Agrarias sospecha que esa tendencia a hablar de recuperación solo pretende ejercer presión contra los viticultores cuando llegue el momento de fijar el precio de las uvas. «Cando hai moitas, aluden a lei da oferta e a demanda para pagar pouco; pois agora que hai poucas, que sexa tamén iso o que marque o prezo á alza», matizan.
Tentación
También creen que existe el riesgo de que «haxa unha maior tentación de traer uva de fora», y por ello exigen a los órganos reguladores un mayor control no solo en bodega, sino antes de que la uva salga de las viñas. Para evitar ambos problemas, especialmente el de la captación de fruto foráneo, Unións Agrarias pide que se encargue a técnicos ajenos -como a la Universidad de Vigo- un muestreo de prospección hecho con rigor para elaborar una estimación «neutral e axustada á realidade» de la cosecha en cada zona protegida de la provincia de Ourense.
El sindicato opina que en una semana podría estar realizada. Además, la organización recuerda a las bodegas la obligatoriedad de firmar contratos previos con los productores y de pagar la cosecha «no prazo de 60 días» y advierten que denunciarán a los que incumplan.