La jueza de Ribadavia ordena que siga adelante una investigación que podría llevar a juicio a la exregidora, por no haber derribado un edificio multiusos
05 may 2022 . Actualizado a las 18:37 h.
La exalcaldesa de Melón podría tener que volver a sentarse en el banquillo de acusados de un juzgado. María Cristina Francisco, que ya tuvo que responder ante la Audiencia provincial de Ourense por un delito de falsedad documental del que resultó absuelta, se ve de nuevo inmersa en un procedimiento judicial que podría llevarla de nuevo ante un juez, esta vez acusada de desobediencia. Así lo ha solicitado la jueza de Ribadavia, quien en un auto dictado esta misma semana ordena que continúe la causa contra la exregidora, que ocupó el cargo hasta junio del 2019. «Continúese la tramitación de las presentes diligencias previas por los trámites del procedimiento abreviado, por si los hechos investigados a María Cristina Francisco Vílchez fueran constitutivos de un presunto delito de desobediencia a mandato de la autoridad judicial», señala la ponente, que abre la puerta al procesamiento de la investigada por no haber ejecutado una resolución que se remonta al año 2014. En junio de ese año el Tribunal de Xustiza de Galicia dictó una sentencia en la que obligaba al Concello de Melón a derribar un edificio multiusos construido en una zona denominada Cruceiro Gordo, por no tener la obra amparo urbanístico legal. En los años sucesivos, y pese a los requerimientos, la regidora no habría acometido la demolición de la infraestructura, que a día de hoy sigue en pie.
«Todas las actuaciones de la administración demandada van encaminadas a eludir el cumplimiento del fallo», constata la togada en su escrito, que también se hace eco de la multa que la expolítica ya tuvo que afrontar por este asunto. Así, se vio obligada a abonar 600 euros mensuales pero cuando se le impuso aquella multa se ordenó deducir testimonio por si de su conducta pudiera derivar también algún tipo de responsabilidad penal. La Fiscalía de Ourense así lo considera ahora y con ella también la jueza.
Cristina Francisco se convirtió en alcaldesa de Melón después de que su marido, Alberto Pardellas, fuera condenado a ocho años y medio de inhabilitación por cometer un delito de prevaricación. El motivo fue la construcción de otro pabellón deportivo, que se situaba a menos de cien metros del monasterio cisterciense de la localidad, declarado Bien de Interés Cultural.
