La alcaldesa de Melón, ante una nueva causa por desobediencia a una sentencia firme de derribo

«Ni se ha cumplido el fallo ni se muestra la más mínima voluntad», censuró en enero el juez de lo contencioso al deducir testimonio del proceder de Cristina de Francisco

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A la alcaldesa de Melón, Cristina de Francisco Vílchez, del PP, se le acaba de presentar un nuevo problema en forma de procedimiento judicial por un delito de desobediencia. La titular del Juzgado de Ribadavia dictó esta semana un auto en el que reabre un procedimiento que la coloca de nuevo en la picota. En esta ocasión, como consecuencia del incumplimiento de una sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Ourense, con sus posteriores procedimientos de ejecución del año 2014 y requerimientos sucesivos, que ordenaban el derribo de una construcción en Cruceiro Gordo, tras ser declarada ilegal. Fue el propio juez de lo contencioso quien, en enero de este año, dictó un auto en el que imponía a la alcaldesa multas mensuales de 600 euros que se cumpliera la sentencia. Ordenaba el juez, igualmente, deducir testimonio a la jurisdicción penal al apreciar indicios de un delito de desobediencia.

En el Juzgado de Ribadavia se habían archivado inicialmente las diligencias por desobediencia y prevaricación administrativa, pero ahora la causa se ha reabierto. La fiscalía, de hecho, dijo en su informe sobre este asunto que a la desobediencia inicial del 2015 hay que sumar otras cometidas por la misma persona en 2016 y 2017, que no han sido objeto de investigación en las diligencias del 2014, que son las que ahora se reabren.

La situación, decía el juez Verdeja Melero el pasado 10 de enero, «no admite ya justificación alguna, siendo evidente que todas las actuaciones de la administración demandada van encaminadas a eludir el cumplimiento del fallo». Ha tenido el Concello de Melón tiempo para resolver «no uno, sino varios expedientes» para ejecutar la demolición, que en realidad aún no se ha atendido.

El juez de lo contencioso se hartó en enero, al ver que «ni se ha cumplido el fallo ni se muestra la más mínima voluntad de hacerlo», por lo que acudió a las multas coercitivas al Concello y a dar cuenta de lo ocurrido a otro juzgado, en el que se han reabierto las diligencias por desobediencia y prevaricación. El Concello de Melón había alegado en este caso que al modificar el ordenamiento urbanístico municipal la polémica construcción quedaba amparaba y no era necesario tirarla. En el caso del polideportivo construido cerca del monasterio de Melón, también derribado por no ajustarse a la legalidad, la ejecución material de esa decisión se había retrasado hasta que las exigencias judiciales no dejaron otra salida a los gestores municipales.

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