La alcaldesa popular de Melón, Cristina Francisco, y la ex concejala del PSOE Áurea Soto, a juicio por falsedad y prevaricación, respectivamente
17 nov 2015 . Actualizado a las 05:00 h.La política se asoma de nuevo a los juzgados. La alcaldesa popular de Melón, Cristina Francisco, vuelve al banquillo de la Audiencia Provincial para la segunda sesión de la vista oral de un caso de falsedad que, de prosperar tal y como quiere la fiscalía, acabaría con ella en la cárcel. La solicitud de cuatro años y medio de prisión la conduciría de forma inexorable a Pereiro en el supuesto de que la sentencia definitiva se ajustara a las tesis del ministerio público. También mañana, pero en otro escenario, la ex concejala de urbanismo de Ourense, Áurea Soto, se enfrenta a un caso de prevaricación y a una petición fiscal de condena de diez años de inhabilitación.
La socialista Áurea Soto, que durante el mandato de los últimos gobiernos municipales se había convertido en objetivo de un buen número de querellas y acciones penales, se enfrenta a su primera acusación. Lo hace acompañada del abogado Carlos Hernández, el letrado externo en quien ella confiaba plenamente para la búsqueda de soluciones jurídicas en el siempre complejo urbanismo.
La jueza dirá si existió ilegalidad en la gestión municipal al legalizar la urbanización de la plaza de San Antonio, una actuación administrativa que se acompañó con el pago de 358.000 euros a una particular para indemnizarle la pérdida de vistas traseras en una vivienda de la calle Bedoya. Esta mujer llevaba años litigando contra el Concello, mantenía abierto un procedimiento contencioso y, de no desistir del caso, existía el riesgo efectivo de que fuera necesario derribar la urbanización. Se discute ahora si la acción municipal, al legalizar no solo viviendas sino bajos y garajes, se ajusta a la legalidad por ocupar subsuelo público.
La denuncia por la presunta ilegalidad la había planteado inicialmente Democracia Ourensana, organización que se retiró del caso, una vez en marcha las diligencias penales, para ceder el testigo al entorno del empresario Bautista Rodríguez Díaz, que ejerce la acusación popular en este asunto.
Por lo que se refiere al caso de Cristina Francisco, la acusación tiene su origen en las certificaciones de cumplimiento de trabajos en beneficio de la comunidad por parte de un vecino del municipio de Melón. A la regidora -que accedió al cargo después de que su marido Alberto Pardellas, también del PP, fuera inhabilitado por otra sentencia de la Audiencia Provincial- se la acusa de haber dado cobertura al incumplimiento efectivo de la condena que obligaba a un vecino de Quins a hacer trabajos que no ejecutaba, según documentaron dos detectives privados. Estos, al confirmar la situación, dieron cuenta del hecho a la Guardia Civil, que formuló la correspondiente denuncia.
La vista comenzó el pasado 5 de noviembre. La defensa pidió que se suspendiera para escuchar a un responsable de Instituciones Penitenciarias. Trata de demostrar que el penado cumplió su condena sin incidentes.