Las defensas sostienen que la investigación hecha por detectives fue ilegal
17 nov 2015 . Actualizado a las 21:23 h.La validez de la investigación desarrollada por dos detectives, que llevó finalmente a la imputación de la alcaldesa de Melón, Cristina Francisco Vílchez (PP) por un delito de falsedad ? por firmar supuestamente partes de cumplimento de una pena de trabajos den beneficio de la comunidad no realizados? centró buena parte de las conclusiones de las partes en la sesión final del juicio oral celebrado ayer en la Audiencia de Ourense. Junto a la alcaldesa, volvieron a sentarse en el banquillo de los acusados el entonces penado a trabajos sociales ?David P., presunto autor de un quebrantamiento de condena? y la funcionaria del ayuntamiento Mercedes L., que también firmó los estadillos de trabajos no cumplidos.
Para las acusaciones, ha quedado acreditado con las pruebas presentadas que la alcaldesa y la funcionaria cometieron un delito de falsedad en documento oficial, pues hubo varias jornadas que no se cumplieron los trabajos acordaos entre el penado y vigilancia penitenciaria. El defensor de la alcaldesa alegó, en cambio, que los ayuntamientos, como entidades colaboradoras, tienen que informar del cumplimiento de los trabajos pero no hacer el seguimiento, labor que corresponde a Vigilancia Penitenciaria. El último testigo en declarar ayer en la sesión fue precisamente un funcionario de este servicio. La letrada de la funcionaria subrayó que su defendida solo tenía la tarea de hacer el control presencial de la firma del penado, pero no verificar si había trabajado de verdad.
Para el fiscal y la acusación popular, la prueba aportada por los detectives es válida, pues cuando la comenzaron no había investigación judicial ni policial sobre el tema, dijo el acusador público. En cambio, las defensas pidieron la anulación. Sostienen que a los detectives privados no les está permitido investigar delitos públicos, como un quebrantamiento de condena. El acusador popular señaló que los detectives solo hicieron unas vigilancias para saber si el acusado prestaba servicios de desbroces y vigilancia de montes al concello, no si cumplía una pena de trabajos.
También se puso en cuestión el origen del caso y si la información que consiguió el concejal independiente, que luego contrató a los detectives, se logró vulnerando derechos fundamentales o la protección de datos personales. El abogado de la acusación particular argumentó que el concejal Emilio Díaz Vidal (Ciudadanos de Melón) tenía derecho como edil de la oposición a obtener información para ejercer su labor de control al gobierno.
También rebatieron esto las defensas, que señalaron que los detectives recibieron el encargo concreto de investigar un quebrantamiento de condena. Según el abogado de la alcaldesa, los investigadores tardaron tres meses en denunciar el delito porque «se estaba buscando otro objetivo, una acusación por falsedad no por quebrantamiento de condena». La acusación particular pidió: «Que el tribunal ponga fin a esta dinastía del poder municipal porque no está legitimada».