La Audiencia archiva un caso que afectaba a la regidora de Melón por supuesta prevaricación
MELÓN
Un concejal de la oposición la había denunciado al entender que debería haber reclamado a su marido y antecesor los 120.000 euros de una multa de la Xunta
09 oct 2015 . Actualizado a las 05:00 h.La alcaldesa de Melón, Cristina Francisco Vílchez, no cometió delito alguno por no haber reclamado a su marido y anterior alcalde, Alberto Pardellas, el pago de 120.000 euros correspondientes a una multa impuesta por la Xunta al Concello de Melón en el año 2006. Un concejal de la oposición había solicitado a la regidora que reclamara a su antecesor el abono de los 120.000 euros de aquella multa y como no llegó a atender su demanda, ni siquiera a responderle, formalizó una denuncia.
Aunque en el juzgado de Ribadavia se instruyó el asunto, manteniendo a la alcaldesa en la condición de imputada, el recurso a la Audiencia Provincial ha prosperado, para dejar a la regidora fuera de este asunto, de acuerdo con las tesis del abogado defensor, Luis Romero Bueno.
La sanción «fue impuesta al ayuntamiento y no al señor Pardellas, no existiendo, pues, resolución que obligara a este al abono de tal importe, y mucho menos a la imputada a reclamárselo», según aclara la Audiencia.
En cuanto a que la alcaldesa también debería haber reclamado el pago de los honorarios abonados por la defensa del anterior alcalde, «que se señalan provenientes de las arcas municipales», destacando la inacción de la regidora, «no existe un mínimo elemento de juicio que evidencia la realidad de tal extremo», según indica la Audiencia.
Este caso, ahora cerrado, tiene su origen en la larga polémica por la construcción del hoy derribado polideportivo cerca del monasterio de Melón. El ex alcalde acabó inhabilitado por ello.
«Premisa falsa» en la denuncia
El recurso de la alcaldesa en contra de la continuación del procedimiento, atendido ahora por la Audiencia en contra del criterio de la fiscalía y del juzgado de Ribadavia, hacía notar la existencia de una «premisa falsa» en la denuncia por parte del concejal Emilio Díaz. Se aseguraba que el ex regidor había sido condenado penalmente al pago de la multa, cuando era de la Xunta y la sentencia de la Audiencia «jamás incluyó el pago de esa multa».