Diputación y Concello se anticiparon a los planes de la Xunta de Galicia
23 ago 2015 . Actualizado a las 05:00 h.La Axencia de Protección da Legalidade Urbanística (APLU), que en febrero de este año fue condenada y requerida por el Tribunal Superior de Galicia para ejecutar la orden de demolición de una construcción ilegal que iba a ser dedicada a polideportivo en Melón, está trabajando en ello. Su ritmo de trabajo y sus tiempos son diferentes a los que, por ejemplo, ha mostrado la Diputación, con una inesperada irrupción en este contencioso. El conflicto, de todos modos, dista mucho de estar cerrado.
Mientras la APLU, órgano dependiente de la Xunta (PP), completa sus trámites para dar cumplimiento a las resoluciones judiciales y proceder al derribo, el Concello de Melón avanza para hacer una recalificación urbanística del terreno que le permitiría mantener los planes en su día iniciados por el inhabilitado Alberto Pardellas (PP) y, de paso, sortear el sentido de las decisiones judiciales. En ese escenario se ha colado la Diputación, con un explícito respaldo al gobierno local, al haber asumido las obras para desmontar la estructura del polideportivo, que no le correspondían, pero sin retirar el suelo de cemento, que supuestamente será aprovechado para otro proyecto. La propia alcaldesa, Cristina Francisco, ha reconocido que tiene intención de dedicar ese espacio a un centro social, deportivo y cultural, para lo cual dice contar con el apoyo de la institución que preside José Manuel Baltar (PP). En septiembre, si todo discurre según sus previsiones y entra en vigor una recalificación urbanística para esa zona, podrá acometer ese proyecto, según los planes que ha confesado la regidora municipal.
De la forma de actuar del Concello de Melón, con la llamativa colaboración de la Diputación, ha sido advertido el juzgado de lo contencioso-administrativo número 2 de Ourense, al que corresponde el caso y la vigilancia del cumplimiento de la sentencia que ordena el derribo.
Que se haya mantenido la losa de hormigón es significativo, según alerta el letrado que ha dirigido el pleito en contra de esta construcción, Javier Calvo. «Ya tenemos en este juzgado experiencia sobre la ?terquedad? del Concello en ejecutar sentencia, realizando mínimas actuaciones para dar ?apariencia? de voluntad cumplidora, aun sabiendo de inicio que no cumplen la sentencia. Esto mismo va a pasar en este caso, por lo que no debemos caer en la trampa de creer que hay voluntad de pleno cumplimiento de la resolución de la Dirección Xeral de Urbanismo de demolición íntegra y ?reposición al estado primitivo?, lo que impide el mantenimiento de semejante losa de hormigón».
Haber eliminado únicamente la estructura elevada, algo que hizo el Concello con el apoyo de la Diputación de Ourense anticipándose a los planes de la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística de Galicia, denotaría -a juicio de los promotores del contencioso para mantener libre el entorno del monasterio de Melón- que los responsables municipales no tienen intención de asumir y cumplir la sentencia hasta sus últimas consecuencias.
Control judicial sobre el desenlace
En el año 2008 agotó el Concello de Melón sus recursos para evitar el derribo del polideportivo de la discordia, cuya construcción había promovido el anterior alcalde, el popular Alberto Pardellas. La nula disposición del entonces regidor para cumplir el fallo y consumar la demolición acabó dando lugar a su condena por prevaricación, con ocho años y un día de inhabilitación, según sentencia de la Audiencia de Ourense del año 2010 que aún cumple. Ignoró el Concello de Melón sus obligaciones y llegó de ese modo la responsabilidad a la Axencia de Protección Urbanística de Galicia, condenada por el TSXG a ejecutar el derribo por sentencia de 19 de febrero del 2015, fue notificada a la Xunta el 15 de abril, según la APLU. Coincide la fecha, curiosamente, con un «recordatorio» judicial del plazo de tres meses para cumplirla. Pedía el juzgado de lo contencioso, además, que se identificara al responsable del cumplimiento del fallo.
La Axencia de Protección Urbanística aún tramita el derribo con un gasto estimado de 100.000 euros
La APLU, aparentemente ajena a la actuación del Concello y la Diputación, ha informado al juzgado de lo contencioso sobre su proceder. Deja clara, pese al incumplimiento efectivo de plazos, la voluntad de cumplir las exigencias del Tribunal Superior de Galicia, que en una sentencia de 23 de febrero del 2015 ordenaba de forma taxativa la ejecución de las obras de demolición del polideportivo en el plazo de tres meses. Alega la APLU que la comunicación de la firmeza de la sentencia no entró en el registro de la Xunta hasta el 15 de abril y ese mismo día ordenó el director de la Axencia que se actuara, y encomendó a los servicios técnicos del organismo la realización de las actuaciones técnicas necesarias. El 17 de abril, emitió la jefa de los servicios técnicos de la APLU un informe en el que estimaba en 95.000 los costes de demolición y en 8.600 euros los honorarios de redacción del correspondiente proyecto, para lo cual harían falta tres semanas.
El 5 de mayo, dice la APLU en un informe al juzgado de la Asesoría Xurídica de la Xunta en Ourense, se aprobó el expediente para encargar el proyecto por contrato menor. El 19 de mayo se adjudicó al Estudio Jass SLP de Sanxenxo, que entregó el proyecto en las dependencias oficiales el 15 de junio. Inició entonces la APLU el expediente para la contratación de esas obras por el procedimiento negociado y sin publicidad. En el último escrito incorporado al expediente judicial decía la Axencia que estaba solo pendiente de la recepción de ofertas por parte de las empresas a las que se había invitado, para formalizar la posterior adjudicación. «Se prevé razoablemente que a demolición pola empresa adxudicataria do contrato terá lugar o vindeiro mes de agosto», decía a mediados de julio. Todo ello sin alusión alguna a la intromisión de la Diputación, que en aquellas fechas ejecutó parcialmente el derribo al margen del juzgado y de la APLU.
Razonaba la Xunta que estaba actuando «coa máxima celeridade posible». No dejaba de hacer notar, en cualquier caso, que este organismo autonómico carece de medios materiales propios para ejecutar una obra de estas características, por lo que resulta necesario contar con empresas externas, a las que se ha de encargar las obras de acuerdo con las disposiciones legales sobre contratos del sector público.
Quienes ganaron este pleito, en defensa del entorno del monasterio, piden al juez que requiera a la APLU «para que continúe con la tramitación para la contratación de las obras de derribo íntegro de la construcción, al no haber verdadera voluntad cumplidora por parte del Concello de Melón, al querer conservar la losa de hormigón a modo de pista».