La Justicia da tres meses a la Xunta para que tire un polideportivo al lado del monasterio de Melón
MELÓN
La decisión del TSXG pone fin a un largo conflicto que costó la inhabilitación al exalcalde
27 feb 2015 . Actualizado a las 07:12 h.Sin crédito han quedado tanto el Concello de Melón como la Xunta en el contencioso que afecta -y obliga a derribar por resolución judicial firme- al polideportivo construido de forma ilegal en ese término municipal, a poca distancia del monasterio de Santa María, hoy parcialmente restaurado, que es bien de interés cultural. Una sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), dictada con fecha del 19 de febrero y notificada esta semana a la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras en calidad de administración demandada, apura el desenlace. Ordena a la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística (APLU) que proceda a la demolición del polideportivo «a la mayor brevedad y, en todo caso, en un plazo que no podrá superar los tres meses». Contra esta resolución, de la que ha sido ponente el magistrado José Manuel Rodríguez Sineiro, no cabe recurso ordinario.
La sentencia responde a un contencioso promovido por un particular contra la APLU. Sobre el papel debería poner fin al largo conflicto que ya costó la inhabilitación al exalcalde, el popular Alberto Pardellas, por haber ignorado las advertencias de ilegalidad que pesaban sobre la construcción del polideportivo. Ahora, el fallo tiene como destinataria la Xunta, por no haber ejecutado el acuerdo firme de derribo, pues únicamente procedió a imponer multas coercitivas al Concello de Melón. Esa sanción, según se planteaba en este contencioso dirigido por el letrado Javier Calvo Salve, resulta ineficaz, en la medida en que los pagos se atienden con dinero público y no de los cargos políticos que dirigen el Concello de Melón. Para conseguir la ejecución efectiva, considera esta parte que tendrá que ser la APLU la que derribe a costa de las arcas municipales de Melón.
Contando que la firmeza de la sentencia sea notificada en un mes, el letrado anticipa que reclamará de la administración la ejecución forzosa del derribo, como está haciendo con otras construcciones ilegales.
A Pardellas le impuso la Audiencia de Ourense en noviembre del 2010 una condena de ocho años y medio de inhabilitación por prevaricación. Ya no repitió en las elecciones del 2011. Lo sucedió su esposa, Cristina Francisco como cabeza de cartel del PP. Accedió a la alcaldía sin ocultar que su marido la asesoraba. De hecho, fue contratado como director general. Al negarle el Gobierno el indulto en 2012, tuvo que dejar el puesto, pero se mantiene como colaborador.