Hacienda avisa que podría reclamar información para comprobar si cumplió la ley
16 ago 2017 . Actualizado a las 05:00 h.El límite estaba establecido en diez millones de euros y, aunque la Diputación ourensana lo superó, la institución provincial no pidió permiso para ello pese a que es preceptivo. Con la crisis económica, el Gobierno central impuso a todas las Administraciones la contención presupuestaria. Sin embargo, las entidades locales más saneadas pueden dedicar parte de su superávit o de su remanente de tesorería a las llamadas «inversiones financieramente sostenibles». La Diputación lo hizo, pero no correctamente.
Esa es la conclusión a la que llega un reciente informe hecho público por el Ministerio de Hacienda y Función Pública. Ese documento, que analiza el cumplimiento de la ley en el ejercicio 2016, recuerda que en las instituciones que superen los diez millones de euros de inversiones financieramente sostenibles que supongan un incremento en los capítulos 1 y 2 de los presupuestos se «requerirá autorización previa de la Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local del Ministerio». Pues bien, según el informe hecho público ahora, hasta la fecha de su elaboración (el 28 de julio de este año) no se había tramitado solicitud alguna en este sentido. Pese a todo, hubo nueve entidades locales -dos ayuntamientos y siete diputaciones provinciales- que realizaron inversiones por encima de los diez millones de euros. Hacienda advierte que «se les podría requerir ampliación de información para comprobar la correcta aplicación de la norma antes citada».
Ránking
Además de la Diputación ourensana, han sido advertidas por el Ministerio las instituciones provinciales de Valencia, Sevilla, Málaga, Zaragoza y Alicante, así como la de Pontevedra, que gastó 15,38 millones de euros. Por lo que respecta a los ayuntamientos, los supuestos incumplidores son Madrid y Valencia. El primero de ellos es el que más ampliamente superó el límite establecido, llegando a los 110,03 millones de inversión. En el ránking le sigue la Diputación valenciana, con 74,08 millones. La ourensana está muy lejos. Con sus 11,17 millones supera el límite en tan solo 1,17 millones. Es, de hecho, la institución que menos se excedió de las nueve advertidas.
La institución pagó así la innivación de Manzaneda o los accesos al CHUO
La Diputación aplicó durante el año 2016 cuatro modificaciones presupuestarias para destinar su remanente de tesorería a distintos cometidos. Además de amortizar sus préstamos, tal y como indica la ley, la institución provincial dedicó gran parte de ese dinero a pagar inversiones. Entre ellas hay multitud de subvenciones a ayuntamientos, colectivos vecinales o entidades como el Obispado. También un programa compartido con la Xunta para obras en los colegios, la urbanización de los nuevos accesos al CHUO o el proyecto para instalar innivación artificial en la estación de montaña de Manzaneda. En general, los ayuntamientos y diputaciones españolas dedicaron ese dinero a vías públicas (un 27 % del total) y a gestión del patrimonio (un 19 %).