Reclaman 50.000 euros al exconcesionario del Casino de Entrimo por dañar el local al dejarlo
ENTRIMO
Esta vez no ha sido una disputa al uso entre particulares, un arrendador y un arrendatario, sino entre una administración pública y el concesionaria de la explotación de un local público. El Concello de Entrimo reclama 49.302 euros de indemnización al último responsable de la explotación del antiguo casino de este municipio, situado en Terrachán. Fiscal y acusación particular, en representación de esa administración local, solicitan no solo la citada cantidad en concepto de responsabilidad civil, sino que también piden una condena a un año y dos meses de prisión, con una multa de 2.160 euros por un delito de daños.
La acusación se dirige contra Manuel Miguel C. G., que se había hecho cargo de la concesión en diciembre del 2000 por medio de un contrato privado con quien había recibido la adjudicación en agosto de 1970, Manuel González Domínguez.
El fallecimiento de este último en octubre del 2011 llevó a que la junta de gobierno de Entrimo dispusiera la incoación de un expediente de extinción de la concesión de obras y servicios del antiguo Casino de Entrimo.
Sin éxito en el contencioso
Pleiteó el concesionario a raíz de que el Concello desatendiera sus peticiones y perdió su reclamación en el juzgado de lo contencioso administrativo por sentencia del 22 de abril del 2013. En ese procedimiento había solicitado el ahora acusado la suspensión del desalojo que pedía el Concello, que fue rechazada por el juez.
Agotadas todas las instancias administrativas y judiciales para evitar el desalojo, durante los días 5, 6 y 7 de julio del 2012 desmontó todas las mejoras que había hecho en el local. Lo hizo, según el escrito del fiscal, «con la intención de perjudicar al Ayuntamiento de Entrimo». Además, añade el representante del Ministerio Público, «lo desvalijó, causando cuantiosos desperfectos en el inmueble, que han sido tasados en 49.302 euros».
La acusación sostiene que en la primera concesión de 1970, por un período de cincuenta años, se hacía notar que el beneficiario «no enajenará, gravará, ni traspasará los bienes afectos a la concesión que hayan de revertir en la entidad concedente (...) sin la previa autorización expresa del pleno de la corporación».
Comunicación y autorización
En el contrato privado de arrendamiento que en el año 2000 pactó el acusado se indicaba expresamente que cualquier mejora quedará en beneficio de la propiedad y necesitará, además, la autorización expresa del dueño, es decir, del Concello de Entrimo. Ni se comunicó el contrato ni tampoco se solicitó autorización expresa de obras.
El fiscal aprecia la existencia de un delito de daños en el proceder del acusado. El juicio quedó ayer vista para sentencia.
El acusado se enfrenta a una petición de pena de un año y dos meses de prisión
Fiscal y Concello sostienen que el imputado explotó el inmueble de forma irregular