El órgano encargado de vigilar las normas de conducta lleva sin actividad desde que en el 2015 dimitieron todos sus miembros
09 dic 2017 . Actualizado a las 05:00 h.Fue una de las máximas prioridades de José Manuel Baltar en su primer mandato al frente de la Diputación ourensana, pero ya acumula dos años inactivo. El código ético, que pretendía convertirse en una normativa que «evite a mala xestión e sirva para xeneralizar as boas prácticas», solo tuvo una aplicación efectiva durante algo más de un año.
El documento fue aprobado en abril del 2014 y el comité de ética, formado por profesionales externos a la Diputación para vigilar su cumplimiento, se constituyó en julio de ese año. En noviembre del 2015 todos sus miembros dimitieron ante las dificultades que se topó ese organismo cuando tuvo que juzgar el comportamiento del presidente provincial tras ser acusado por una mujer de ofrecerle un puesto de trabajo a cambio de sexo. Esa dimisión se materializó el día 25 de noviembre del año 2015 y desde entonces no existe comité de ética en la Diputación.
Nadie vigila, por lo tanto, el cumplimiento de la normativa recogida en el código. Este prohibía a cargos electos y funcionarios recibir regalos más allá de lo protocolario, fuese cual fuese su coste, e impedía la colocación de placas con el nombre del presidente o la realización de comparecencias políticas en espacios oficiales para así no mezclar lo partidista con lo institucional. Así resumía Baltar los objetivos del código el día en que presentó el borrador del texto a la oposición: «A política local en Ourense require un reforzamento do compromiso efectivo coas veciñas e veciños, un apuntalamento e exteriorización efectiva dos valores públicos, dos estándares de conduta e da actitude moral dos cargos públicos locais. E a esa finalidade atende esta proposta da presidencia do goberno provincial».
En cumplimiento de lo previsto inicialmente, el comité de ética fue constituido con la presencia de representantes de organismos externos y bajo la presidencia de Miguel Ángel González Trigás, del colegio de abogados de Ourense. Además, como vocales estaban el profesor de la Universidad de Vigo Antonio González, Jesús Blanco, del colegio de secretarios, interventores y tesoreros de la provincia, y el politólogo Enrique Varela, designado por Transparencia Internacional.
Fruto de la aplicación del código se tomaron decisiones importantes, como la que supuso la dimisión como diputado provincial de Luciano Rivero, alcalde de Cualedro, tras hacerse público que la institución provincial le compraba gasolina a una estación de servicio de su familia. Todo saltó por los aires, sin embargo, cuando la lupa ética tuvo que escudriñar el comportamiento del presidente.
Cuando se supo de la existencia de la denuncia contra José Manuel Baltar por acoso sexual, el comité antes citado abrió una investigación a petición del PSOE. Pidieron al máximo responsable de la Diputación que realizase las alegaciones que considerase oportunas, pero las que presentó no fueron «satisfactorias» porque, a su juicio, se basaban en consideraciones jurídicas y políticas, pero no éticas, motivo por el que todos los miembros del comité dimitieron. Ese órgano, según dejaron por escrito, «reclamaba unha resposta clara e contundente», pero lo argumentado por Baltar «fai que non poidamos pronunciarnos xa que, defendéndose, non admite pero tampouco nega a realidade dos feitos», decían.
Sin sustitutos
La reacción del presidente fue inmediata y al día siguiente de las dimisiones remitió escritos a los organismos de los que formaban parte los miembros del comité de ética para que designasen a otras personas para esos puestos. La junta de gobierno del colegio de abogados de Ourense fue la primera de las entidades implicadas que renunció a ello y el resto de los organismos afectados tampoco designó a sustitutos para las personas que dimitieron en noviembre del año 2015, de modo que el comité de ética sigue desde entonces sin actividad alguna.