Pese a que la actividad urbanística es superior en la franja atlántica, los ayuntamientos ourensanos son los que más sensibilizados están con la actividad de la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística (APLU). Concretamente, son 21 los concellos adheridos a la entidad, más que en ninguna otra provincia. Aquellas entidades locales que forman parte de la agencia delegan en ella, según informa la entidad, las competencias en relación con las obras y usos del suelo ejecutados sin licencia urbanística municipal, o sin ajustarse a las condiciones de la licencia otorgada, en terrenos clasificados cómo suelo rústico, suelo urbanizable sin ordenación detallada o suelo de núcleo rural.
Entre otras obligaciones, los ayuntamientos adheridos deben poner los agentes de la policía local a disposición de la APLU para para facilitar las inspecciones, ejecutar las órdenes de precinto de obras e identificar a los responsables de infracciones. A cambio reciben el 50 % de las sanciones impuestas.
Los ayuntamientos ourensanos adheridos a la agencia son Amoeiro, Carballeda de Avia, Castrelo de Miño, Castrelo do Val, Cortegada, Entrimo, Gomesende, Maceda, Maside, Nogueira de Ramuín, O Barco de Valdeorras, Paderne de Allariz, Parada de Sil, Petín, Piñor, Punxín, San Amaro, Taboadela, Verín, Vilamarín y Vilardevós.