Dos años de cárcel para una ourensana por gastar en Amazon y hoteles el dinero de un jubilado sin su permiso

La hostelera de Celanova ha sido condenada por apropiación indebida de 41.240 euros, que tendrá que devolver, aunque la Audiencia de Ourense considera que no se probó que engañase al mayor


ourense / la voz

La hostelera de Celanova que fue juzgada por haber transferido a su favor 41.240 euros de la cuenta de un pensionista ha sido condenada a dos años de prisión como autora de un delito continuado de apropiación indebida. Romina P. R., que regentaba un bar en Celanova, entabló amistad con un cliente que frecuentaba el local desde el año 2011.

El denunciante -que falleció en el 2019- la puso como autorizada en su cuenta en el 2016, lo que la permitía operar y disponer de cantidades. Pese a lo que sostenía la acusación particular, representando en el juicio a un sobrino heredero, no quedó probado que la acusada hubiese engañado al pensionista para que la incluyese en su cuenta bancaria.

Según la sentencia de la Audiencia Provincial de Ourense conocida este martes, no quedó acreditado que Romina P. R. se hubiese «valido de ardid alguno para que (D. Benito V.) firmase tal documento». Por lo tanto, no se la condena por un delito de estafa, que requiere que haya tal engaño, sino por apropiación indebida.

La jueza no aprecia que el denunciante tuviese una especial vulnerabilidad, más allá de su edad, pues era independiente y estaba «en pleno juicio». La prueba pericial caligráfica demostró que la firma del documento bancario de la autorización era del titular.

Lo que sí se constató es que la acusada nutrió su cuenta durante diez meses -entre mayo del 2016 y marzo del 2017- con «sucesivas transferencias a través de la banca online» desde la del señor. Ese dinero lo destinó a «gastos de la más variada índole» y no a la atención o cuidados del hombre. La acusada, según se probó documentalmente, se gastó el dinero en hoteles en las Rías Baixas, en compras en Amazon, telefonía, muebles o ropa deportiva. Así, de los 73.286 euros que tenía, el denunciante se encontró con 26.601.

La acusada gestionó en el 2016 el ingreso del anciano, que hasta entonces vivía en solo en una pensión sin calefacción, en una residencia geriátrica. Ella dijo en el juicio que el anciano la había autorizado a disponer del dinero para comprar lo que él necesitase, en una especie de «contrato verbal de vitalicio», y que le llevó dinero, medicinas y ropa a la residencia.

La magistrada resuelve que esas «simples atenciones» no autorizarían a suponer un pacto por cuidar al mayor ni la «liberalidad» del jubilado para que ella dispusiese de su dinero. Al comprobar el estado de su cuenta, el hombre se disgustó y dijo que no había autorizado a la joven a disponer de ella, declaró la directora del geriátrico.

La acusada ha sido condenada a devolver el dinero y a pagar la mitad de las costas judiciales. Se le aplicó una atenuante de dilaciones indebidas.

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