Investigan al extesorero de Castrelo de Miño por apropiarse de dinero de recibos municipales

La persona que durante casi cuatro décadas desempeñó el puesto de tesorero en el ayuntamiento de Castrelo de Miño podría tener que sentarse en el banquillo de los acusados en unos meses. J. R. B. N. está siendo investigado por haberse quedado, presuntamente, con diversas cantidades de dinero de los vecinos del municipio, a los que habría cobrado recibos en mano sin llegar luego a depositar esas cantidades en las arcas municipales.

Las primeras sospechas por esta conducta, que podría ser constitutiva de un delito de malversación de caudales, se tuvieron hace ya varios meses, a raíz de que varios vecinos acudieron al ayuntamiento para denunciar que les habían llegado recargos en varios recibos que ellos aseguraban haber pagado. En todos los casos eran recibos de tasas municipales, impuesto de bienes inmuebles, tasa de actividades económicas o impuesto de vehículos, que gestionaba el propio ayuntamiento con la asistencia técnica de una empresa. Según se sospecha, desde el año 2015 y hasta su jubilación en el año 2017, el acusado habría intentado obtener un beneficio patrimonial ilícito aprovechando su cargo de tesorero. Así, en cuanto la empresa le reenviaba la información relativa a vecinos que no tenían al día el pago de algunas tasas, por las razones que fueran, se acercaba hasta las viviendas de esos particulares con las cartas de pago en mano y les pedía, se sospecha, el pago de esos recibos en efectivo. Luego en lugar de entregar el dinero, se lo habría quedado.

Y a pesar de no ser cantidades excesivas, oscilan desde los 36 euros hasta los 1.500, las consecuencias de esta conducta podrían acarrear al exfuncionario un importante reproche penal, ya que el código penal contempla penas que van desde los dos a los seis años de cárcel.

Y será un tribunal del jurado quien se encargue de juzgar este asunto en la Audiencia provincial de Ourense. De hecho, ya se ha solicitado la incoación de este procedimiento, tal y como contempla la legislación.

Trece perjudicados

Se ha constatado, por el momento, que al menos trece particulares se vieron afectados por la conducta del investigado, llegando la situación a oídos de los responsables en aquellos momentos del Concello, quienes decidieron poner los hechos en conocimiento de las autoridades. A raíz de aquello se abrió una investigación en la que participaron agentes de la Guardia Civil.

Varios de los afectados corroboraron a los agentes que habían entregado en mano el dinero de los recibos al acusado, quien habría llegado a recibir de algunos de ellos hasta mil euros. En el transcurso de la investigación el exfuncionario habría ya reconocido los hechos e incluso devuelto las cantidades que se quedó, alegando que tenía problemas económicos cuando ocurrieron los hechos.

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