Una acusada de estafa alega que no pudo rematar unas obras al estar en la cárcel por otro asunto

La fiscalía pide 7 años de prisión y que devuelva 58.500 euros

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ourense / la voz

No era la de ayer la primera vez, ni tampoco la segunda ocasión en la que Jacinta S. P. se veía en un juzgado en calidad de acusada. Su historial incluye una condena por estafa y una absolución, la primera de marzo del 2014 y la segunda del año 2015. Esta última porque llegó a juicio cuando el delito, fuera o no responsable de él esta mujer, ya había prescrito, pues correspondía a hechos del año 2007. Jacinta volvió ayer al banquillo de la Audiencia, acusada de estafa, por haber cobrado 90.000 euros a una pareja entre diciembre del 2014 y febrero del 2015, como pago por la reforma de una vivienda en As Teixugueiras, del municipio de Cartelle. La obra no llegó a ejecutarse de acuerdo con lo que en su momento habían pactado. La acusada, que negó haber actuado con voluntad de estafar, alegó causas de fuerza mayor, puesto que en aquellas fechas había ingresado en prisión por otro asunto.

De hecho, a la vista celebrada en el Juzgado de lo Penal 2 en marzo del 2015 había entrado Jacinta esposada, trasladada directamente desde Pereiro, aunque luego salió con una absolución debajo del brazo. El delito había prescrito.

Ayer no fue tan rápido. Compartió banquillo con su marido, José Manuel V. M., de quien dijo que nada tenía que ver con el asunto. Era ella quien había gestionado la fallida obra.

Los perjudicados denunciaron la situación tras haberles resultado imposible, según dijeron, contactar con ella y lograr garantías de que la obra se iba a reanudar. La habían contratado con la empresa MK S.A. de la acusada. Aseguraron que en una de las ocasiones que consiguieron hablar con ella les dijo que no los podía atender, pues estaba recibiendo asistencia médica en la clínica del dolor a causa de los graves problemas de salud que padece.

Les recomiendan pleitear

Los afectados por esta supuesta estafa aseguran que el anterior abogado de la imputada les había aconsejado de manera espontánea que se buscaran un letrado y que iniciaran acciones legales contra Jacinta, pues habían sido engañados y no iban a recuperar el dinero ni les iban a terminar la obra, como habían pactado.

Los perjudicados habían pedido un préstamo de 96.000 euros para sufragar la obra. Solo se ejecutó una parte de lo proyectado.

La fiscal solicita para la acusada una pena de siete años de prisión y multa de 6.000 euros. La propuesta de condena que deja en cinco años de cárcel y 5.400 euros para José Manuel. Solicita para ambos, además, el abono a los perjudicados de una indemnización de 58.445 euros, correspondiente a la parte de la obra que quedó sin ejecutar.

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