La expropiación de los terrenos para dos pizarreras en Valdeorras se ejecutó por 107.600 euros

Rubén Nóvoa Pérez
Rubén Nóvoa OURENSE / LA VOZ

CARBALLEDA DE VALDEORRAS

Rogelio López (derecha), en el acto de expropiación de los comuneros de Portegal y Trigal en Carballeda de Valdeorras
Rogelio López (derecha), en el acto de expropiación de los comuneros de Portegal y Trigal en Carballeda de Valdeorras MIGUEL VILLAR

Los comuneros avanzan nuevos recursos y hablan de «expolio»

08 feb 2023 . Actualizado a las 05:00 h.

A primera hora de la mañana de este martes se ejecutó en el edificio de La Torre de Ourense la expropiación de los terrenos que ocupan dos pizarreras de la comarca de Valdeorras. El trámite que se formalizó en la Jefatura de Industria no significa, ni mucho menos, que el conflicto abierto que mantienen los pizarreros con los dueños de la comunidad de montes esté más cerca de cerrarse. Más bien todo lo contrario, ya que los propietarios del suelo donde se desarrolla esta actividad industrial se negaron a firmar la expropiación y avanzaron nuevos recursos judiciales.

Y es que las posturas se encuentran a años luz en un conflicto que deja en el aire unos 300 empleos de las pizarreras de Irosa y Samaca, que utilizan los terrenos sin pagar desde el 2015. El precio por el que se cerró la expropiación forzosa avalada por la Consellería de Industria fue de 107.617,41 euros. La valoración que realiza la comunidad de montes vecinales de Portela y Trigal (Carballeda de Valdeorras) se mueve cerca de los cinco millones de euros, entre los terrenos que se extienden por unas quince hectáreas y algo más de 7.000 metros cuadrados de naves industriales. «Esto ha sido un expolio», explicaban en un receso de la reunión mientras la Xunta y el propietario de las pizarreras, Rogelio López, cerraban la transacción económica de la expropiación forzosa. Ante la negativa de los comuneros a aceptar ese dinero, la cantidad fijada ha quedado en la caja de depósitos de la Xunta.

Mientras tanto, en la puerta el resto de los nueve comuneros (hay dos que se encuentran suspendidos) se manifestaban con una pancarta contra la mediación de la Xunta. «Non queremos os cartos para nada, queremos que os terreos sigan sendo propiedade dos veciños, como sucede desde a época dos visigodos. Agora resulta que a través da Xunta se expolia a estes veciños e se lles dan a unha empresa con ánimo de lucro», explicó José Antonio Iglesias, abogado de la comunidad de montes.

El presidente del consejo de administración de Samaca, Rogelio López, argumentaba que el acuerdo para fijar un precio de venta sobre los terrenos fue imposible y confía que con esta expropiación se dé por finiquitado un conflicto que deja en el aire 300 empleos: «Para a cesión a nós pedíannos dez veces máis que ao resto de pizarreiras e contratos por cinco anos, en lugar de once». Los comuneros niegan este extremo y aseguran que las condiciones son las mismas que para el resto de firmas.

Sobre el importe fijado en la expropiación, el responsable de Samaca asegura que es una cantidad marcada por los propios comuneros en su peritaje y se refiere, exclusivamente, al valor que tienen los terrenos sobre los que se desarrolla la actividad y no por las naves.

Qué sucederá tras la expropiación ejecutada por 107.617 euros que se formalizó este martes en la Xunta es complicado de predecir. El abogado de los comuneros asegura que pondrán en marcha demandas civiles y penales contra todos los que han participado en esta operación y recuerda que el juzgado de O Barco de Valdeorras ha señalado el 1 de marzo como fecha tope para llevar a cabo el lanzamiento de Samaca y de los terrenos ocupados. «A expropiación está toda recorrida e a administración por arte de maxia alzou esta suspensión e seguiron coa fixación do xustiprezo», señaló el letrado de los comuneros.