Los pizarreros quieren quitar la ayuda a las bajas para frenar el absentismo
CARBALLEDA DE VALDEORRAS
Proponen una subida salarial del 0,25% este año y el próximo, y del 0,50 en 2019
04 abr 2017 . Actualizado a las 05:00 h.La patronal asegura que el absentismo laboral en el sector de la pizarra es muy alto y que es preciso frenarlo porque es «inasumible». Es la idea que lanzaron ayer en la reunión para la negociación del convenio colectivo. Las bajas son muy largas y subyace la idea de que los empleados no tienen prisa por incorporarse debido al complemento que rige en el convenio de que, a partir del día 28 de baja, la empresa complementa el salario que el empleado cobra de la Seguridad Social (el 75% de su sueldo) para que el porcentaje suba hasta el 90%. Desde la patronal se destacó que esta situación afecta de manera negativa a las empresas, y quieren darle la vuelta. No darán ayudas a los empleados que están de baja, sino que crearán un bono para gratificar a aquellos trabajadores que no cojan una en todo el año.
La medida es uno de los tres ejes en los que se basa la propuesta del sector empresarial que les fue presentada a los sindicatos (UGT, CC.OO. y CIG) ayer. El otro punto pasa porque sea un acuerdo a tres años (lo que pedía UGT). Y el tercero habla de dinero para todos. La patronal ofrece una subida salarial del 0,25% para este año, y lo mismo para el próximo; mientras que en 2019 el salario de los cerca de 2.500 trabajadores que tiene la pizarra en Galicia subiría un 0,50% más.
Desde UGT, el responsable de Minería, José Paradelo, apuntaba después de la reunión que entendía que la propuesta de la patronal es solo un punto de partida de la negociación. Y que queda mucho por debatir. También están en la mesa Comisiones Obreras y CIG, pero la mayoría de UGT le permite negociar y firmar sin el acuerdo de las otras dos centrales. Sobre quitar el complemento a las bajas, «é complicado», decía. Explicaba que la patronal lo había remarcado como condición imprescindible para la negociación, pero desde el sindicato entendían que es un punto muy conflictivo.
Sí hubo acuerdo en el mantenimiento del empleo. «Iso é primordial, e desde a patronal din que non teñen problema, que incluso están contratando xente, aínda que para postos moi específicos», destacaba Paradelo. Eso evidencia, añadía, que está habiendo movimiento en el sector.
El día 27 volverán a reunirse sindicatos y patronal para seguir con las negociaciones del convenio colectivo.
Procesos judiciales abiertos entre canteras y vecinos de dos pueblos de Carballeda
Tres de las empresas que tienen su cantera, sus naves y oficinas o que utilizan las pistas de los montes en mancomún de Portela y Trigal (en Carballeda de Valdeorras) no están pagando alquiler a la junta vecinal. Y la situación se ha complicado. Los vecinos quieren cobrar y han decidido cortar el paso por las pistas con cadenas, que denuncian que aparecen rotas por las mañana. Las empresas defienden que es un camino público -como recoge el catastro, según explican los propios vecinos, aunque lo achacan a un error- y han llevado el tema al juzgado. Y mientras, los vecinos han acudido a la justicia para desahuciar unas oficinas que no pagan alquiler desde finales de 2014. Todo pendiente de resolución judicial, en primera instancia o en apelación; pero con una situación enquistada que ayer quisieron dar a conocer desde la junta vecinal que preside José Antonio Valle. Habló acompañado del secretario, Odilo Fernández, quien dijo haber sufrido amenazas en varias ocasiones; y de Eloy Domínguez, vocal, que aseguró que hay empresas que incluso están ocupando fincas privadas. También estaba el abogado José Antonio Iglesias, que ejerce como asesor de la junta vecinal y que no se cortó a la hora de cargar contra la alcaldesa, María del Carmen González, asegurando que se posicionaba de parte de las empresas; contra el Ministerio de Medio Ambiente, por no hacer nada pese a que no se restauran las escombreras; o contra la Confederación Hidrográfica Miño-Sil «que no mira a las aguas para ver cómo bajan».
Los vecinos reclaman 3.000 euros anuales por cada hectárea de terreno ocupada, y calculan en unas cien la superficie que las empresas explotan o usan sin pagar nada.