Condenan a Medio Rural a pagar 180.000 euros por causar un fuego de 475 hectáreas en Bande

m. r. OURENSE / LA VOZ

BANDE

Santi M. Amil

El magistrado califica de «tercermundista» la actuación de la Administración

12 may 2017 . Actualizado a las 05:00 h.

La «actuación tercermundista» de la Consellería do Medio Rural y de su ente Seaga (Servicios Agrarios Galegos) obligará a la Administración autonómica a abonar 160.000 euros a la comunidad de montes vecinales Montegrande 2, de Bande, y 20.000 a la sociedad del tecor de Verea por un incendio que calcinó más de 475 hectáreas de monte en ambos concellos ourensanos el 8 de abril del 2011. La responsabilidad patrimonial de la Administración la determinó un juez de la Sala de lo Contencioso del TSXG. Sus sentencias no son firmes, pero ya solo admiten recurso de casación, no ordinario.

El magistrado califica de «tercermundista» la actuación, porque los responsables de Seaga decidieron ejecutar la quema controlada, que iba a afectar en principio a poco más de dos hectáreas, con una «absoluta falta de previsión», porque el vehículo motobomba se encontraba «fuera de la zona de trabajo» y el helicóptero más próximo había sufrido una rotura del cable de la cesta que transporta el agua. Además se decidió hacer la quema cuando había un viento de 17 kilómetros por hora, según contestó la Administración y recoge el juez. «La absoluta falta de previsión, tanto de las condiciones como de los medios, presuntamente por especialistas y profesionales seleccionados por mérito y capacidad» entrañó un «funcionamiento anormal» de la Administración, según las dos sentencias.

La posible responsabilidad penal de los técnicos que estaban al mando de la quema que acabó en gran incendio fue analizada en el juzgado de instrucción de Bande, que sobreseyó la acusación de delito de incendio por imprudencia. Pese a ese archivo, el juzgado ya apreciaba una posible negligencia administrativa. La comunidad de montes de Bande y el tecor de Verea, representados por el letrado Alfonso Grande, recurrieron el silencio administrativo a su petición de indemnización.